SHARE
Casa encendida con los habitantes dentro en Ponferrada

Los grandes grupos energéticos del país están asumiendo la situación que el Estado de Alarma decretado por el Real Decreto-Ley y la reciente extensión de la situación hasta el 11 de abril, por ahora, va a provocar a miles de consumidores y que desembocará en multitud de problemas para el cobro de los recibos de los suministros energéticos.

El Real Decreto-Ley 46-2020 ya incluía la prohibición del corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a consumidores vulnerables, los vulnerables severos o los que se encuentran en riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo que extiende la vigencia del Bono Social Eléctrico en aquellos casos que en los que debería renovarse durante este incierto periodo, prolongando el plazo hasta el próximo 15 de septiembre.

Por todo ello, los grandes grupos energéticos están considerando dejar en suspenso el cobro de los recibos, aunque en este caso no se trata de una acción impulsada desde el Gobierno. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica no quiere que la idea caiga en saco roto y está planteándose imponer por decreto unas garantías mínimas si la situación sanitaria se alarga.

El Ejecutivo pone de relieve la temporalidad de las medidas y la necesidad de su aplicación para evitar un daño mayor a la economía. Esta medida se empezó a aplicar en Italia tras decretarse el confinamiento de algunas provincias al norte del país, al igual que ha hecho el Gobierno de Francia la semana pasada.

Se trata de una decisión de vital importancia en estos momentos, en los que, debido al confinamiento forzoso, el consumo eléctrico en los hogares ha aumentado de un modo importante y las facturas de los próximos meses se esperan más abultadas. Todo ello en un contexto de graves problemas en el mercado laboral, lo que incrementa los problemas a la hora de afrontar los recibos domésticos, entre ellos el energético. Resulta por tanto vital evitar cortes de suministro que afecten más a la economía de las familias.

Otra de las medidas que han tomado las propias compañías eléctricas es ampliar el número de modificaciones de los contratos para poder reducir la potencia contratada, algo que hasta ahora sólo se podía hacer una vez al año.

Estas medidas enfocadas a los clientes particulares han tenido reflejo en determinados casos para las pymes y autónomos, es el caso de Naturgy, que ofrece la posibilidad de aplazar el pago de los recibos y financiarlo durante seis meses sin intereses.