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José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica la prestación a autónomos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa que más de 50.000 autónomos ya han realizado los trámites para solicitar la prestación ofrecida por el Gobierno para combatir su situación de falta de actividad, derivada de las medidas del Estado de Alarma decretado para combatir la crisis provocada por el COVID–19.

Los autónomos han sido uno de los puntos más controvertidos en relación con las medidas económicas aprobadas con urgencia como plan de choque económico aprobado para combatir la crisis. Algunas de sus asociaciones han reclamado la suspensión del pago de la cuota mensual, al menos durante el mes de marzo, pero el Gobierno no ha adoptado esa medida de momento. Escrivá ha confirmado hoy que “aquellos autónomos que hayan visto interrumpida su actividad o la hayan visto reducida de un modo muy intenso, van a tener derecho a una prestación que, al menos, va a llegar a los 950 euros”. El ministro incluye en esa cifra la cantidad mínima de 661 euros mensuales para quienes coticen por la base mínima y suma a ella también la suspensión de las cuotas a la Seguridad Social, también en su cuantía mínima, por lo que las cantidades recibidas variarán en función de la base de cotización a la que cada autónomo en cuestión se acoja. Además recuerda que también bonificará las cuotas ante el cese de actividad y añadió que la ayuda prevista está entre las más “extensas, integrales y generosas que se están dando en todos los países del entorno”.

José Luis Escrivá: “aquellos autónomos que hayan visto interrumpida su actividad o la hayan visto reducida de un modo muy intenso, van a tener derecho a una prestación que, al menos, va a llegar a los 950 euros»

 

Los autónomos podrán solicitar esta prestación siempre que su actividad haya quedado suspendida o en el caso de que su facturación se haya visto reducida al menos un 75 % en relación con el mes anterior al que se solicita dicha prestación. El ministro fue consultado en relación con aquellas caídas de facturación también importantes, aunque menores del 75 %, al respecto Escrivá declaró que el ingreso de referencia que se tiene en cuenta es el promedio del semestre anterior para que sea estable y añadió que el procedimiento a seguir será, en primer lugar otorgar la prestación con la información que se presente, y más tarde se evaluará cada caso. La prestación tiene una duración de un mes, aunque podrá ampliarse “hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue». El tiempo durante el cual se esté percibiendo, se entenderá como cotizado y no se excluirá de los períodos de prestación por cese de actividad a los que en un futuro el autónomo pudiera tener derecho.

Esta prestación también puede ser solicitada por los profesionales autónomos que cuentan con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden optar por la tramitación de un expediente temporal de regulación de empleo para acceder a ella. En caso de hacerlo, quedarán exentos de pagar las cotizaciones sociales «durante el periodo que dure la crisis», excepto en el caso de las empresas de mayor tamaño, en los que tendrán que abonar un 25 % de las mismas.

El ministro de Seguridad Social aseguró también que más de 130.000 personas han solicitado la baja por incapacidad temporal como consecuencia de la pandemia, y añadió que todos los costes laborales en este caso son asumidos desde el primer día por la Seguridad Social.

Línea de avales para garantizar la liquidez

El Consejo de Ministros de este martes aprobó también un primer tramo por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La citada Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras.

«La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo tiene un importe de 20.000 millones de euros»

 

La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo activado en el acuerdo de hoy tiene un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes.

Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones. Tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras. Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración. Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.