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Avances entre Gobierno y agentes sociales de cara a aprobar la Ley del Teletrabajo

El Gobierno y los agentes sociales, tanto las patronales empresariales como los sindicatos, se han reunido esta semana para tratar de dar pasos hacia el consenso de cara a aprobar la Ley del Teletrabajo, que pretende regular esta modalidad laboral que se ha instalado en el mercado de trabajo desde el inicio de la pandemia. Pese a la falta de acuerdo definitivo, la reunión dejó progresos evidentes en la discusión del último borrador del anteproyecto de ley. Entre las novedades que se podrían incorporar está el hecho de que el teletrabajo no podrá ser decidido unilateralmente por la empresa ni por el trabajador y también que deberá afectar al menos al 30 % de la jornada laboral, frente al 20 % mínimo que planteaba inicialmente el Gobierno. La patronal consideró ese porcentaje excesivamente bajo porque abría la puerta a que con tan sólo una jornada a la semana de teletrabajo, ya se pudiera aplicar toda la reglamentación de la regulación establecida.

Según el borrador, el trabajo a distancia “será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma” de un acuerdo por escrito. Éste último podría añadirse en el momento de firmar el contrato, pero también más adelante en el tiempo. La norma, que se prevé que afecte exclusivamente al sector privado, repercutirá en aquellos que ya teletrabajan, aunque se respetaría su situación en el caso de que tengan un acuerdo más beneficioso. En todo caso, el teletrabajo siempre será reversible, aunque previamente deberá fijarse el plazo necesario para avisar de dicha reversibilidad. Además nunca podrá ser causa justificada de despido el hecho de que el trabajador se niegue a trabajar a distancia, ni tampoco podrán ser modificadas sustancialmente sus condiciones de trabajo.

Aprobación por real decreto

Tanto el propio Gobierno como los agentes sociales se han mostrado favorables a la aprobación de la norma lo más rápido posible, incluso a llevarla a cabo a través de un real decreto, circunstancia que baraja el propio Gobierno. Todas las partes implicadas consideran que debería entrar en vigor antes de que concluya el presente mes de septiembre.

Al teletrabajo podrán acogerse todos los trabajadores, excepto los menores de edad. Por su parte, en el caso de los contratos de prácticas y de formación no podrán acogerse a la modalidad de trabajo a distancia más allá del 50 % de la jornada. En el documento firmado entre trabajador y empresario quedarán detallados los medios y herramientas necesarios para realizarlo, que deberán ser proporcionados por la empresa, y ésta deberá también correr con la parte proporcional de los gastos que el trabajo a distancia cause al trabajador.

El trabajador en esta modalidad contará con idénticos derechos a cualquier otro trabajador de la empresa, así como a la denominada como “desconexión digital”, que limita el empleo de medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso. También se reconoce el derecho del empleador a controlar a sus trabajadores a distancia, pero no se detallan las medidas de vigilancia para hacerlo, aunque sí se reconoce el derecho del trabajador a que no sea violada su “dignidad”.

Posible prórroga de los ERTE´s

Gobierno y agentes sociales tienen previsto volver a reunirse este viernes para tratar también la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y que caduca, en principio, el próximo 30 de septiembre. Mientras patronal y sindicatos abogan por extender la medida, algunas ministras del Gobierno ya se han mostrado favorables también a dicha prórroga en el caso de las actividades más afectadas por la crisis del COVID-19.