El Gobierno regula que el 80 % del consumo de los centros de datos proceda de energías renovables

La reunión el Consejo de Ministros celebrada la pasada semana aprobó una nueva regulación sobre los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital de aplicación a los centros de datos, que determina que el 80 % de su consumo eléctrico deberá proceder de nuevas renovables. El acuerdo viene a establecer trabas a la construcción de nuevos centros de datos, porque lo previsto por el Ejecutivo es que la medida no afecte a los centros ya en funcionamiento y tampoco a aquellos con menos de 1 MW de potencia.

Considera el Gobierno que la gran cantidad de solicitudes de permisos para la construcción de nuevos centros de datos, en muchos casos vinculados a la inteligencia artificial, supone una amenaza para una red eléctrica cuyas capacidades están seriamente en entredicho, especialmente después del apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Según sus datos, si fueran concedidas todas esas solicitudes se incrementaría la demanda en 12 GW, una cifra que supone casi un tercio del consumo habitual en un día normal en España.

Por tanto, su respuesta a esa situación se basa en aprobar sólo aquellos proyectos que cumplan varios requisitos, especialmente en relación con aspectos como la eficiencia energética, el consumo de agua, la soberanía digital y el consumo de energía renovable, además también de superar el nuevo etiquetado de la Unión Europea, para los centros de datos, que entrará en vigor el verano próximo y que quiere marginar a los proyectos que no alcancen un nivel de calidad definido en una categoría determinada.

Cada megavatio de consumo, respaldado por otro de renovables

Entre las exigencias ahora previstas por el Gobierno se encuentra el hecho de que cada megavatio nuevo de consumo en las redes eléctricas debe venir respaldado por una potencia similar de renovables, así como también la ya citada sobre que el 80 % del consumo debe tener origen renovable. Asimismo, un centro de datos podrá perder su derecho de acceso a la red si no asegura que todos los datos y metadatos de los ciudadanos permanecen en la propia UE, y que controla el posible acceso de terceros. Igualmente tendrán que demostrar la capacidad que tienen para consumir electricidad de forma estable, sin generar oscilaciones en la red. El propio Ejecutivo tenía previsto abordar la cuestión también en reuniones con las principales asociaciones vinculadas al sector, como SpainDC o Ametic

Según la Estrategia de IA trazada por el Gobierno en el año 2024, se estimaba para el final de la década una potencia de en torno a 2,5 GW, una cifra muy inferior a los 12 GW concedidos desde el año 2021. Además, existe el convencimiento de que algunos de los proyectos no son lo suficientemente maduros y buscan el oportunismo de obtener permisos para luego especular y negociar con ellos. De ahí que se pretendan llegar a conectar sólo aquellos centros de datos que obtengan los requisitos que acreditan su máxima calidad. Desde hace meses, el sistema dispone de un mecanismo para penalizar económicamente a los proyectos que no progresan en su desarrollo. El objetivo perseguido es lograr imponer racionalidad a un mercado que se prevé estratégico, pero que no puede llegar a “estrangular” la red eléctrica. También evitar los problemas ya surgidos en otros países o en estados norteamericanos, en los que se han generado dificultades en el suministro de agua o electricidad. Además, países europeos como Irlanda o Países Bajos ya han actuado en este sentido. Las medidas han iniciado el trámite de la consulta pública esta pasada semana y, después de la publicación de la norma, los proyectos en tramitación cuentan con seis meses para acreditar su cumplimiento.