La nueva regulación sobre centros de datos podría poner en riesgo entre el 80 y el 90 % de la nueva inversión, según SpainDC

SpainDC, Asociación Española de Centros de Datos, ha salido al paso de los riesgos que supone la nueva regulación anunciada por el Gobierno la semana pasada en materia de sostenibilidad de los centros de datos y advierte del riesgo económico que supone, hasta del 90 % de las inversiones, que en su último informe anual la asociación estimó en torno a los 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030.

La estimación situaría el volumen económico según esos datos en hasta 60.000 millones de euros. Es por ello que la patronal del sector reclama “cambios sustanciales” sobre el proyecto de real decreto, al tiempo que adelanta que presentará alegaciones a la propuesta reglamentaria del Ejecutivo, porque con este escenario “España se sitúa como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea”. Para SpainDC, el proyecto de real decreto, que se basa en exigir que los nuevos centros de datos cuenten con hasta un 80 % de su consumo de energía de origen renovable, es un riesgo que puede “comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad del país frente a otros mercados europeos”.

Algunos proyectos comienzan a valorar nuevos escenarios

Señala también que algunos proyectos de centros de datos comienzan a valorar nuevos escenarios y, en este sentido, informaciones surgidas en las últimas horas, una de ellas publicada por el Diario El Economista, han llegado a apuntar la posibilidad de una posible fuga de inversiones hacia Portugal. En todo caso, SpainDC no menciona ningún otro país pero apunta a la búsqueda de espacios alternativos ante un marco regulatorio español que sería “más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los tiempos reales de desarrollo de estas infraestructuras”. El presidente de la asociación, Emilio Díaz argumenta que “estamos hablando de compañías que toman decisiones de inversión a muy largo plazo. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, un proyecto puede empezar a comprometer suelo, financiación, obra, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros. Las reglas pueden cambiar, pero cambiar de forma estructural las condiciones de esas inversiones y conceder apenas seis meses para adaptarse plantea un problema muy serio de seguridad jurídica y proporcionalidad”.

SpainDC ya apuntaba en su último informe, previo a la propuesta de regulación, a la posibilidad de encontrarnos ante “un escenario restrictivo”, que llevaría a que la cifra de inversión pudiera verse reducida hasta en un 36 %. Hoy, ese porcentaje podría ser incluso moderado, si las nuevas exigencias acaban siendo un hecho. Por todo ello, la asociación solicita un mayor diálogo, que nos acerque a una regulación “mucho más razonable, proporcionada y compatible con la competitividad de España”.