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El Gobierno quiere relajar la Ley Concursal porque prevé multitud de quiebras de empresas

El Ministerio de Justicia baraja reformar con carácter temporal la Ley Concursal con el objetivo de poder dar una salida viable a las empresas y autónomos que estarían en breve abocados al cierre, debido a las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. La medida permitiría relajar las exigencias, ampliar los plazos y crear nuevos juzgados especializados, el mayor número de empresas y autónomos y está basada en una propuesta del Consejo General del Poder Judicial para actualizar la Ley Concursal a las circunstancias económicas y sociales extraordinarias que se viven en la actualidad.

De este modo, los pagos pendientes cuyo vencimiento haya tenido lugar después de la declaración del Estado de Alarma, quedarían aplazados durante seis meses, sin intereses, periodo que comenzaría a contar desde la fecha de vencimiento, sin tener en cuenta lo que se haya pactado. La medida estaría en vigor hasta final de año. No obstante, la moratoria no sería válida para otras obligaciones del convenio por el deudor o terceros y tampoco a los acuerdos singulares de pago a los que la empresa en concurso haya llegado con los acreedores no vinculados al convenio, previos al citado Estado de Alarma.

Modificación del convenio

Otra modificación consistiría en que la empresa concursada podrá presentar una propuesta de modificación del convenio en período de cumplimiento, junto al listado de créditos concursales pendientes de pago y de los que no hayan sido satisfechos, después de haberse contraído durante el periodo de cumplimiento del convenio, así como un plan de viabilidad y un plan de pagos. La propuesta de modificación de la Ley Concursal estaría en vigor durante un año tras el fin del Estado de Alarma y se tramitará con arreglo a las mismas normas del convenio originario.

Además, y también durante ese mismo periodo de un año, el deudor con acuerdo de refinanciación homologado podrá poner en conocimiento del juzgado, que ha comenzado o va a comenzar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Y durante seis meses posteriores al fin del Estado de Alarma, el juez trasladará al deudor todas aquellas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presenten los acreedores, pero no las podrá admitirlas a trámite hasta que transcurra un mes desde la fecha de presentación. En ese periodo, el deudor podrá manifestar que ha iniciado o quiere iniciar negociaciones con acreedores, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación, para lo que tiene tres meses antes de alcanzar un acuerdo de modificación del convenio en vigor, sin que el juez admita a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento de los acreedores.

En los concursos que se declaren dentro de los dos años siguientes al estado de alarma, se considerarán créditos ordinarios los derivados de ingresos de tesorería por préstamos o créditos, que desde la declaración del estado de alarma se le hayan concedido por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas.

El deudor en estado de insolvencia por la crisis del COVID-19 no deber solicitar el concurso antes de final de año, ya que se deduce que dicho estado es consecuencia de la crisis, si antes de la declaración del Estado de Alarme no se hallaba en ninguno de los supuestos que habilitan al acreedor para solicitar la declaración de concurso. Tampoco tendrá obligación de solicitar el concurso antes de final de 2020 si ha informado al juzgado del negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o uno extrajudicial de pagos.

En el caso de un concurso en el que no esté presentada aún la lista de acreedores por la administración concursal, en los incidentes que se incoen, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento.

Procedimientos preferentes tras el Estado de Alarma

La reforma también prevé que durante un año tras el Estado de Alarma tengan carácter preferente los siguientes procedimientos:

  • Incidentes concursales en materia laboral
  • Actuaciones orientadas a la venta de unidades productivas o de los elementos del activo
  • Propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio
  • Incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio
  • Incidentes concursales sobre reintegración de la masa activa
  • Admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviese vigente
  • Adopción de medidas cautelares y, en general, cualquier otra que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

Finalmente, otras medidas de modificación de la Ley Concursal tienen que ver con el mediador concursal (que deberá aceptar su designación salvo causa justificada aceptad hasta el 31 de diciembre de 2020, a riesgo de no poder volver a ser designado mediador ni administrador durante los siguientes 3 años) con la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución (no se computará el resultado del ejercicio cerrado este 2020) o con la aprobación del plan de liquidación (al terminar el Estado de Alarma y transcurridos 15 días desde que su manifestación en la oficina del juzgado, el juez deberá dictar auto de inmediato, para aprobarlo, modificarlo o acordar la liquidación. Si al terminar el Estado de Alarma, el plan de liquidación aún no está en la oficina del juzgado, el letrado de la administración de justicia así lo acordará y, tras el plazo legal para observaciones o propuestas de modificación, se lo hará saber al juez).