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Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa del pasado sábado

En el marco del Estado de Alarma en España declarado por el Consejo de Ministros el pasado sábado, el Real Decreto 463/2020 impone medidas “imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”, en todo el territorio nacional y durante los próximos 15 días. La coordinación del mando único, bajo la dirección del presidente del Gobierno, queda a cargo de los ministros de Defensa, Interior, Transportes Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad.

En sus artículos iniciales, el Real Decreto afirma la colaboración con las autoridades competentes delegadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el mismo. Reafirma también la gestión ordinaria de los servicios y la limitación de la libertad de circulación de las personas, así como las requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. A continuación, enumera en sus siguientes artículos las medidas de contención, primero en el ámbito educativo y de la formación, luego en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales; también en los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas; así como todas aquellas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y las que permiten el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios también para la protección de la salud pública. El Real Decreto prosigue con las medidas en materia de transportes y las necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario y el tránsito aduanero.

El Artículo 17 se refiere a la garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural, de la siguiente manera: “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.

Imagen de la campaña institucional del Gobierno de España en la lucha contra el coronavirus COVID-19 tras la declaración del Estado de Alarma en España
Imagen de la campaña institucional del Gobierno de España en la lucha contra el coronavirus COVID-19

Por su parte, el Artículo 18. se refiere a los operadores críticos de servicios esenciales, aquellos “previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios”. Y añade que “dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales”.

 

Los artículos finales hacen referencia a la obligación para los medios de comunicación de titularidad pública y privada “a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir” y al Régimen Sancionador del Estado de Alarma, que quedará establecido “con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio”.

Finalmente las disposiciones adicionales hacen referencia a cuestiones como la suspensión de plazos procesales, administrativos, de prescripción y caducidad, también al carácter de agente de la autoridad con el que se reviste a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la ratificación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes de las Administraciones Públicas y a la Habilitación.