El Gobierno elimina el criticado impuesto del 7 % a la producción de energía eléctrica

En la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada este pasado lunes 29, se aprobó la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que había sido largamente criticado durante años por varios de los sectores implicados. En realidad, lo que se realizará es una reducción progresiva hasta la eliminación completa del impuesto, de tal forma que primero pasará del 7 % al 5 % en 2026; al 3,5 % en 2027; y desaparecerá definitivamente en 2028. El Ejecutivo ha estimado el ahorro para los contribuyentes este año en una cifra de 315 millones de euros.

Ya un Real Decreto-ley del pasado 20 de marzo, se suspendió temporalmente el impuesto del 7 % y se introdujeron medidas relativas al cálculo de la base imponible y de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 2026, de tal forma que para establecer la base imponible se minoraba el importe de las retribuciones percibidas por la producción e incorporación de energía eléctrica durante el primer trimestre en un 10 %, y en su totalidad durante el segundo trimestre. Ahora, el nuevo Real Decreto-ley fija que a esas dos minoraciones del primer y segundo trimestre se añadirán una reducción del 30 % en el tercer trimestre y del 40 % en el cuarto trimestre de 2026.

Asimismo, y ante una eventual evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas, se establece un mecanismo de salvaguarda que permita reactivar medidas si la coyuntura así lo exigiera. Esas medidas afectan tanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad como al IVA de productos energéticos. Si se registra un encarecimiento superior al 15 %, se volverían a aplicar las medidas aprobadas en marzo. Es decir, en el caso del IVA, se volvería a reducir el tipo del 21 al 10 %. Por su parte, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad bajaría de nuevo del 5,1 % al 0,5 %.

Esta eliminación del impuesto del 7 % a la producción eléctrica llega después de años de rechazo de empresas y consumidores. El tributo se creó en 2013, durante el Gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, para hacer frente a un déficit de tarifa que por entonces superaba los 24.000 millones y alcanzaría los 30.000 millones el ejercicio siguiente. Desde un primer momento, el impuesto, que no existe en el resto de la Unión Europea, salvo Portugal que ya lo eliminó a comienzos de este año, provocó un notable rechazo. Pero esas críticas se han multiplicado en lo que va de año. Las eléctricas, por ejemplo señalan que reduce la competitividad de las empresas españolas respecto a sus competidores vecinos, pero es que además, el impuesto se creó para compensar la deuda eléctrica, que casi ha desaparecido. Asociaciones renovables, como es el caso de APPA Renovables o Unef, Unión Española Fotovoltaica, también han criticado duramente su existencia, por ese mismo argumento vinculado al perjuicio a la competitividad, así como porque castigaba el almacenamiento energético y frenaba la transición ecológica.

Impulso a las renovables

La reunión del Consejo de Ministros también acordó otras medidas estructurales para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás. Igualmente se habilita a UNE, Asociación Española de Normalización, para desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos. Junto a la simplificación normativa y la reducción de carga burocrática, se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles.