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Nuevas medidas de apoyo para autónomos y pymes respecto a los suministros eléctricos

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros aprobó ayer ampliar la garantía de suministros energéticos y también de agua en todos los hogares mientras se prolongue el Estado de Alarma, y extender la cobertura del Bono Social eléctrico a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o que hayan reducido su facturación en 75 % como consecuencia del brote de COVID-19. Además, ha establecido también nuevas medidas para la protección de autónomos y pequeñas y medianas empresas, que podrán suspender el pago de sus recibos de electricidad, gas natural y otros productos derivados del petróleo mientras dure el Estado de Alarma. Una vez concluido, estos usuarios regularizarán la cantidad no abonada en las facturas correspondientes a los siguientes seis meses, en partes iguales.

Además, se habilita a los trabajadores por cuenta propia y a todo tipo de empresas a suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro de electricidad y gas natural, incluyendo la potencia o caudal contratados, sin coste alguno. Para facilitar información al ciudadano sobre estas medidas, el Miteco ha habilitado un teléfono de información, 913 146 673, con horario de atención al público de 10 a 14, de lunes a viernes. También se responde a las consultas a través del correo ciudadano@idae.es.

Seguridad de suministro a consumidores domésticos 

Se establece la prohibición de suspender el suministro de agua, electricidad, gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo (GLP) canalizados a consumidores domésticos en su vivienda habitual, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso que los usuarios hayan suscrito. Asimismo, el tiempo transcurrido durante el Estado de Alarma no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión de suministro de luz, agua o gas iniciados con anterioridad.

Extensión del Bono Social  

Se crea una nueva categoría de potenciales beneficiarios del Bono Social eléctrico: podrán solicitar este descuento directo en la factura los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en su actividad profesional o cuya facturación haya disminuido en un 75% en promedio respecto al semestre anterior. En estos casos, se concederá el bono social si el usuario o su unidad familiar percibe una renta anual total no superior a 18.799 euros –2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)–, si no hay menores en el hogar; a 22.559 euros (3 veces el IPREM), si en la unidad familiar hay un menor; y a 26.318 euros (3,5 veces el IPREM), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. El descuento se aplica sobre la factura de suministro eléctrico de la vivienda habitual. Cuando los contratos de suministros energéticos estén a nombre de una persona jurídica y no del autónomo, éste deberá solicitar un cambio en la titularidad para que en el contrato figure el profesional que ha cesado su actividad o ha visto disminuida su facturación.  

Torres de alta tensión transportando energía a las líneas de distribución de municipios
Nuevas medidas de apoyo para autónomos y pymes respecto a los suministros eléctricos

Suspensión de facturas para autónomos y pymes

Para reducir los costes energéticos de autónomos y pequeñas y medianas empresas y, así, aliviar la carga financiera que están soportando de forma transitoria, estos usuarios podrán suspender el pago de la factura de electricidad, gas natural, otros gases manufacturados o GLP canalizado mientras dure el estado de alarma. Una vez concluido, deberán regularizar la cantidad no abonada en las facturas emitidas por su comercializador correspondientes a los siguientes seis meses de consumo, en partes iguales.

De igual modo, y con el fin de evitar que los comercializadores de energía eléctrica y gas natural asuman mayores cargas de tesorería, se les exime de afrontar el pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución asociados a los usuarios que suspendan sus pagos. También quedan exentas de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo pago haya sido suspendido. En ambos casos, los importes deberán ser sufragados cuando el consumidor haya saldado el pago de las facturas.

Además, se habilita a estas empresas a acceder a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se establecieron medidas urgentes para hacer frente al impacto del COVID-19; y a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico. La cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida.

Contratos de luz y gas, flexible para autónomos y empresas 

También se flexibilizan los contratos de suministros energéticos, tanto de electricidad como de gas natural, para autónomos y empresas mientras esté en vigor el Estado de Alarma. Podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos y podrán contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.

Además, las empresas distribuidoras de los suministros energéticos deberán atender las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor la hubiera modificado ya en los últimos doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Todos estos cambios habrán de realizarse en el plazo máximo de cinco días naturales desde que sean solicitados y no tendrán coste para el usuario.

Por su parte, los comercializadores quedan habilitados, mientras se prolongue el estado de alarma, a solicitar al distribuidor o transportista la aplicación de las medidas requeridas por el titular del punto de suministro, sin ninguna restricción. Las modificaciones se realizarán sin imputar coste alguno al comercializador. Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación de estas medidas deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del punto de suministro.

Tanto en el caso de la electricidad como del gas, los usuarios podrán solicitar –en el plazo de tres meses desde el fin del estado de alarma- una nueva modificación del contrato sin coste alguno, salvo que la nueva potencia eléctrica que se contrate sea superior a la que el usuario tenía previamente o que, en el caso del gas, sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo al estado de alarma, y una puesta en seguridad de la instalación.