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Antonio Moreno Alfaro lucha desde hace años contra las compañías eléctricas

Metafóricamente, Antonio Moreno Alfaro vendría a ser lo más parecido a un humilde David moderno, que lleva más de veinte años luchando contra un Goliat de tres o quién sabe cuántas cabezas.

Atendiendo a la más evidente y palpable realidad, Antonio no es más que un ingeniero industrial sevillano que en el año 1994 inició una batalla contra las prácticas irregulares de las compañías eléctricas, a lo largo de la que ha reunido pruebas para justificar que las compañías eléctricas habrían obtenido un beneficio de más de 11.200 millones de euros por un servicio que en realidad no prestan. Un beneficio que cada día se incrementa en 600.000 euros más. Toda su argumentación está precisada al detalle en la página web creada al efecto, www.estafaluz.com, que tras casi una década es una referencia ineludible para desentrañar algunas de las complejidades que rodean a la factura y la tarifa eléctrica.

 

Después de más de 20 años de pelea contra el abuso de las grandes compañías eléctricas, ¿en qué cree que ha cambiado la situación?, ¿hemos avanzado en algo o, por el contrario, hemos retrocedido?

La situación de desamparo frente a los abusos de las compañías eléctricas sigue siendo la misma o peor, pues es proporcional a la corrupción institucional y ésta no ha disminuido. En lo único que hemos avanzado es en la confirmación de la existencia de dicha corrupción que, como demuestran los documentos incluidos en www.estafaluz.com, es tan tupida y profunda que hace posible que dichas compañías lleven cobrados más de 11.200 millones de euros por un servicio que no prestan, debido a que el Gobierno provoca desde 1985 un vacío legal que impide que verifiquen periódicamente sus parques de contadores electromecánicos, que es el servicio por el que los usuarios llevan pagada la citada cantidad.

Para más escarnio, el vacío legal es reconocido por el Gobierno en escrito de 24.07.2006 al Congreso, en el que asegura que dicho vacío será subsanado en el plazo de un año (http://bit.ly/1car4ay), lo cual, evidentemente, es falso, pues han pasado nueve años y el vacío continúa. Como consecuencia de la falta de verificación periódica, los 17 millones de contadores electromecánicos que permanecen en servicio carecen de fiabilidad en la medida.


Hace unas semanas El Confidencial le calificaba de Quijote moderno, ¿se siente un poco como el personaje más célebre de la literatura española?, ¿cuántas veces ha sentido en este tiempo que luchaba contra molinos de viento?

Le agradezco a El Confidencial la calificación de Quijote moderno, de la cual, por supuesto, no soy digno. Por otra parte, en mi lucha no voy armado con una lanza, sino con la tabla de multiplicar y la confesión por escrito de las tres famiglias responsables de una estafa que es cometida a través del Boletín Oficial del Estado y lleva reportados a las compañías eléctricas al menos la mitad de los más de 11.200 millones de euros cobrados por un servicio que no prestan, debido al vacío legal provocado premeditadamente por el Gobierno desde 1985 (www.estafaluz.com/pruebas1.html).

 Toda la documentación está en www.estafaluz.com

Por la vía legal las eléctricas han intentado callarle y no lo han conseguido, pero ¿y por otra vía? ¿han intentado evitar su lucha de alguna otra manera en estos años?

Sí, intentaron callarme ofreciéndome un puesto de trabajo en abril de 1997, cuando estaba en el paro. Por supuesto, no acepté, ya que faltaba un requisito imprescindible: que Landis & Gyr reconociera en acta notarial que tanto la denuncia presentada contra mí el 07.11.1994 en la comisaría de Policía de Nervión (Sevilla) como los motivos alegados en la carta de despido del 8 de noviembre de 1995 son falsos (http://bit.ly/1DWK7vC). Estuve en el paro hasta el 26 de marzo de 2005, cuando, con 62 años, me prejubilé con el 42,6% de la pensión.

 

 

¿Hasta qué punto no cree que, dado lo generalizado de la corrupción, lo que vemos no es más que la parte del iceberg que sale a flote, mientras que la mayoría de ella queda oculta?

Dada la total impunidad con la que el Gobierno viene provocando desde 1985 un vacío legal que lleva reportados más de 11.200 millones de euros a la compañías eléctricas y el descaro chulesco con el que el BOE es utilizado para estafar al menos la mitad de dicha cantidad, no tengo la menor duda de que los casos de corrupción que conocemos son sólo una pequeñísima parte de la corrupción real.

 

¿Cree que hay alguna solución verdadera para que se deje de practicar la política de puertas giratorias que existe entre despachos ministeriales y despachos de las grandes corporaciones, como es el caso de las eléctricas?

La solución a las puertas giratorias exige la aplicación de al menos dos medidas: Hacer que los políticos paguen con su patrimonio personal y familiar el perjuicio económico provocado con sus actuaciones ilegales y prohibir que quienes dejan un cargo en un organismo público puedan contratar en un plazo no inferior a diez años con empresas cuya actividad esté relacionada con dicho organismo.

 

¿Qué opinión le merece la nueva factura horaria de la luz, aparejada a la instalación de los nuevos contadores digitales?

Desde el 1 de abril de 2014, el precio del kWh no es publicado en el BOE, por lo que el usuario doméstico con contrato en el mercado regulado se ve obligado a consumir un producto de primerísima necesidad (la energía eléctrica) sin saber previamente su precio, ya que lo conoce cuando le llega la factura. Además, por elevado que sea ese importe debe pagar hasta el último céntimo, pues en caso contrario, la compañía eléctrica suspende el suministro y denuncia al usuario ante los tribunales.

 

Desde el 1 de junio próximo, el usuario doméstico con contrato en el mercado regulado no sólo se verá obligado a consumir energía eléctrica sin saber previamente su precio, sino que le será imposible comprobar si la factura es correcta, pues para realizar dicha comprobación tendría que saber los kWh consumidos en cada una de las 720 horas del mes y el precio del kWh en cada una de esas 720 horas, que son datos a los que no tiene acceso, pues los contadores telegestionables que están siendo instalados en España tienen un diseño que no les permite almacenar dichos datos.

 

Por si no fuera suficiente la indefensión en la que el desconocimiento del precio del kWh y la complejidad del cálculo del importe de la factura dejan al usuario, el contador telegestionable es manipulable a distancia por la compañía eléctrica (http://bit.ly/1oexYwH).

 

 

¿Nos puede adelantar algo sobre esas bombas atómicas que aún guarda sobre asuntos igualmente denunciables en relación con esta cuestión?

Si la Audiencia Nacional no hubiera archivado fraudulentamente el procedimiento penal abierto el 21 de mayo de 2001 para investigar los hechos denunciados en mi querella del 27 de septiembre de un año antes contra el vicepresidente de Unesa y tres directivos de empresas multinacionales fabricantes de contadores de la luz y hubiera practicado las diligencias solicitadas por mí, habría quedado probado que Rodrigo Rato, siendo ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, siguió al pie de la letra las directrices de Unesa (http://bit.ly/1GiZNv7) y modificó de forma torticera la cabecera del Anexo II del Real Decreto 1483/2001, con objeto de permitir que las compañías eléctricas continuaran cometiendo impúnemente la estafa en los precios de alquiler de los contadores, que supera ya los 5.600 millones de euros.

 

Si Rodrigo Rato hubiese sido acusado de los delitos que documentos obrantes en el citado procedimiento penal prueban fehacientemente que cometió, habría quedado imposibilitado de ocupar un cargo directivo en una entidad financiera y, por tanto, no habría presidido Bankia, lo cual habría evitado posiblemente que dicha entidad saliera a bolsa con datos contables falsos y se produjera la estafa de las preferentes.