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La inactividad podría costar en torno a los 49.000 millones de euros en un mes

Una información publicada este lunes por el diario El País, en consonancia con otros estudios como los realizados por la OCDE, el BBVA, la Fundación Rafael del Pino o también el Instituto Estadístico de Francia valoran el impacto de la actividad productiva en una cifra aproximada de 49.000 millones de euros. Los cálculos se basan en el hecho de que durante una semana se produce alrededor del 2 % del Producto Interior Bruto anual, mientras que cifran también la pérdida de actividad durante las dos semanas ya transcurridas de confinamiento en el entorno del 40 %, y en un 60 % las relativas a las dos semanas de inactividad en las que acabamos de entrar. En conjunto ambos porcentajes nos llevarían a unas pérdidas aproximadas de 4 puntos porcentuales en algo menos de un mes, lo que implicaría la citada cifra de 49.000 millones.

Estimaciones previas como la de la OCDE ya estimaban la pérdida de un 30 % de producción en España durante el periodo de aislamiento, sin inactividad total. En el caso de Francia, el organismo estadístico lo valoraba en un 35 %, pero teniendo en cuenta que el país vecino mantiene medidas algo más laxas. Otro estudio, en este caso de Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino estimaba el descenso del PIB entre un 4% y un 8% en todo el año. Aunque se trataba de análisis previos a las medidas de inactividad puestas en marcha por el Gobierno hasta el próximo 9 de abril, por lo que podrían resultar porcentajes mayores a los previstos en dichos estudios y más cercanos a las previsiones de la semana pasada de Goldman Sachs, que las valoraba en un 9 %, aunque también aventuraba a continuación un crecimiento del 8 %, en 2021.

Esa salida de la crisis “en V” no está tan clara para la OCDE, cuyos responsables consideran que serán necesarias ayudas a un sector privado que estará muy depauperado tras la crisis sanitaria. Sectores como el turismo o el ocio no tendrán una recuperación sencilla y es previsible que la demanda tarde algún tiempo en volver a niveles normales, incluso después de que la pandemia haya pasado. Otros como la construcción sufren el problema añadido y complejo de contar con maquinarias y estructura cuyo desmontaje en obras implica un coste añadido o, por el contrario, mantenerlas en ellas aún con la actividad parada podría ser también problemático para su funcionamiento futuro. Algo similar ocurre en muchos apartados de la industria y en cadenas de producción muy diversas. Además está el problema de los pedidos, para los que hay una previsión previa que implica que seguirá llegando material que podría deteriorarse de no tener un uso más o menos inmediato. En determinados procesos productivos el coste de detenerlos puede ser incluso superior al de mantenerlos en marcha, aunque sea a una velocidad menor.

La inactividad podría costar en torno a los 49.000 millones de euros en un mes
Un trabajador del sector del metal midiendo unos tubos en una industria

¿Podría prolongarse el paro industrial más allá de la Semana Santa?

El Gobierno podría decidir prolongar el período de inactividad ahora iniciado si la letalidad del virus no se aminora. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de sus responsables al respecto, pero la voluntad de primar el factor relativo a la salud es diáfana en todas las declaraciones. España ya supera los 7.000 fallecimientos por el COVID–19 y esa circunstancia trágica condiciona cualquier decisión. En todo caso, el Gobierno también mantiene posturas diferenciadas en este sentido y los ministros del área económica son más partidarios de intentar minimizar los costes desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la decisión de prolongar o no el periodo dependerá mucho de las cifras de letalidad que se produzcan a lo largo de la semana y especialmente también de la posibilidad de consolidar un previsible descenso en los contagios, que ya parece empezar a vislumbrarse en las cifras de este lunes y que parece la única luz posible ahora mismo a la salida del túnel.

Los empresarios han rechazado la medida y han solicitado además al Gobierno que asuma los costes del cierre. CEOE, Cepyme y Foment del Treball han sido concluyentes en este sentido, mientras los sindicatos, en cambio, se han situado a favor de la decisión, argumentándolo en la relevancia de la seguridad para los trabajadores. Los sectores industriales, reunidos en la Alianza para la Competitividad de la Industria han sido también claramente disconformes a una decisión que dificulta el futuro de ámbitos como los de la automoción, el petrolífero, el sector químico, el del papel, alimentación, siderurgia, etc. Y también el sector del material eléctrico se unió para situarse en contra de la decisión en un comunicado emitido el pasado viernes por la tarde y que firmaron, Adime, Afme, Anfalum, Facel y Fenie, todas las patronales de fabricantes, distribuidores e instaladores. También organizaciones de autónomos como ATA se pronunciaron en contra.