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La crisis le pasa factura al recibo eléctrico

La patronal de las eléctricas, Aelec, ha efectuado un análisis sobre el efecto que las diferentes medidas para combatir la crisis del COVID-19 están causando en el recibo de la luz y cómo van a repercutir económicamente. La estimación supone que cerca de 90.000 clientes y más de 20.000 empresas han suspendido contratos, reducido su potencia eléctrica o, simplemente, han diferido el pago de sus facturas temporalmente. A raíz de todo ello, el recibo eléctrico sufrirá una merma que se valora en torno a los 55 millones de euros y que podría repercutir directamente en los ciudadanos si acaban teniendo reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, como parece probable.

Todas las medidas antes citadas forman parte de las opciones facilitadas por el Gobierno a pymes, autónomos y particulares para poder hacer frente a la crisis derivada de la emergencia sanitaria y especialmente para todos aquellos colectivos vulnerables. Sin embargo los cálculos que había realizado el Ejecutivo eran sustancialmente menores, puesto que por ejemplo había previsto que el coste de la reducción de potencia fuese menos del 50 % de la cantidad estimada por las eléctricas. En total han sido 88.720 los clientes que han solicitado esa reducción en la parte fija del recibo eléctrico, pero la cifra crecería obviamente en la medida en que el número de usuarios que opta por esta alternativa se incremente en las próximas semanas.

Por lo que respecta a la suspensión de contratos, casi 9.000 pymes y autónomos se han acogido a la opción, dada la suspensión total de la actividad en la que incurren en la actualidad. No obstante, el coste de esta medida es inferior al medio millón de euros. Más de 12.000 son los que han aplazado el pago de sus facturas, que les hará luego pagar durante los seis meses siguientes una parte de la deuda que hayan acumulado. En este caso, la medida supondría un importe cercano a los 3 millones de euros, que las eléctricas empezarán a cobrar tras el fin del Estado de Alarma. Además, mientras estén suspendidos los importes, las compañías comercializadoras podrán ahorrarse el pago de los peajes ligados a ese consumo no abonado.

La falta de actividad durante el mes de abril ha hecho que la demanda eléctrica descienda un 17 % en ese período. El consumo doméstico se ha incrementado, pero el que tiene que ver con las empresas ha sufrido un desplome histórico, que es imposible de compensar con el aumento de demanda particular. Ese retroceso de la demanda ya supondrá una caída notable de los ingresos, que se podría situar en un volumen próximo a los 1.000 millones de euros.