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El Supremo consulta al Tribunal de Justicia de la UE acerca de la financiación del bono social

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una pregunta prejudicial sobre el bono social eléctrico. Según ha informado el Diario El Economista, la consulta se refiere a si es compatible con el Derecho europeo que la financiación del bono social se cargue a las empresas matrices de los grupos empresariales que desarrollen actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. Además, también pregunta si es compatible con la exigencia de proporcionalidad de la Directiva sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad una ley nacional como ésta que ni se establece con carácter excepcional, ni con un alcance temporal limitado, «sino de forma indefinida y sin retorno ni medida compensatoria alguna».

Esta cuestión viene derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo de este año, anuló la sentencia del Tribunal Supremo que a su vez había tumbado el anterior régimen de financiación del bono social eléctrico. Según ella, se consideraba lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías, teniendo en cuenta que el Supremo había inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con la citada Directiva, «sin previamente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Uno de los ponentes, según señala El Economista, el magistrado Calvo Rojas, considera que «algunos de estos sujetos tienen muy escaso peso específico en el conjunto del sector, quedando en cambio eximidos de dicha carga otras entidades o grupos que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste».

Además, el auto del Supremo incluye también el voto discrepante del magistrado Bandrés Sánchez-Cruzat, para el que antes de consultar con el Tribunal Europeo, el Supremo tendría que emitir una sentencia interpretativa sobre la cuestión.  Asimismo afirma también que ambas normativas, la europea y la española son compatibles entre sí. En su opinión el modelo de financiación del Bono Social podría considerarse avalado por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que legitima al legislador español, cuando admite que se trata de una regulación por razones de interés económico general, dado que se pretende facilitar el acceso al suministro eléctrico de los consumidores vulnerables y paliar así situaciones de pobreza energética.