SHARE
Feníe Energía denuncia que la rebaja eléctrica del Gobierno debilitará la competencia y reforzará el oligopolio

La comercializadora independiente Feníe Energía ha iniciado una ronda de contactos y reuniones con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de cara a la próxima tramitación del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta norma sumada al acuerdo alcanzado este mismo martes entre España y Portugal y la Comisión Europea para el topado del gas, según valoran desde la comercializadora, “incluye medidas encaminadas a la rebaja de la tarifa de luz que afectan al mercado eléctrico y que pueden suponer, a medio y largo plazo, el debilitamiento de las empresas independientes de comercialización de energía y el refuerzo de la posición de dominio de las grandes compañías del sector”.

 

Desde Feníe Energía consideran que “sin libre competencia, el consumidor estará aún más indefenso frente a un mercado dominado por las grandes compañías”, y por ello mismo y aunque la empresa “comparte la necesidad urgente de abaratar el precio de la electricidad, quiere trasladar a los grupos parlamentarios varias propuestas de mejora en la regulación final prevista” por el citado Real Decreto-ley.

Por esto quieren establecer el citado diálogo con los grupos parlamentarios y transmitirles que las medidas previstas, “en función de la forma en que se adopten, podrían resultar lesivas a la larga para los intereses de los consumidores, al debilitar a las empresas que generamos una verdadera competencia en el mercado”, explica Javier Bescós, director de regulación e innovación de la eléctrica.

 

Propuestas de la compañía comercializadora

Y proponen alternativas para evitarlo, como por ejemplo “que el bono social eléctrico se financie, al igual que el bono térmico del gas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Tal y como se plantea actualmente en el Real Decreto-ley, este bono social fomenta la inseguridad jurídica, añade dificultades a las energías renovables, castiga a las comercializadoras y reparte injustamente la solidaridad hacia los más vulnerables, cargando igual a una vivienda que a una industria”.

 

Lectura real de los contadores

Feníe Energía aboga también “porque las grandes compañías distribuidoras estén obligadas por ley a una lectura real y habitual de los contadores de la luz cuando la potencia contratada supera los 15kW. Con esta medida, se evitarían retrasos y acumulaciones de facturas pendientes, con el lógico perjuicio a los consumidores finales”. Las comercializadoras dependen de la información que les suministran las distribuidoras para emitir sus facturas y, “al contrario de lo que piensan muchos clientes finales, no causan estos problemas, sino que los sufren también”.

 

Normalizar la tarifa regulada del gas

También creen que “se debe normalizar inmediatamente la tarifa regulada del gas, toda vez que se ha superado la urgencia provocada por los meses más fríos del invierno” y añaden que mantener la medida en el tiempo “distorsiona el mercado del gas a favor de las grandes compañías, pone en riesgo la viabilidad futura de las tarifas reguladas y acumula un déficit que puede resultar difícil de asumir en el futuro”.

 

Regular las subastas

Asimismo, la empresa pide que “se regulen las subastas de energía de los operadores dominantes de generación. No es posible que se siga permitiendo y fomentando que la energía de los operadores dominantes solo sea vendida a las comercializadoras de su mismo grupo”, y concluyen que “el propio gobierno es consciente”, de modo que después de que la CNMC publicara su informe sobre la metodología de cálculo de las subastas a principios de febrero, “es urgente para la libre competencia que se pongan en marcha estas subastas”.

 

Compensación al topado del gas

En relación al acuerdo alcanzado este martes con la Comisión Europea para limitar el precio del gas hasta 50 euros el megavatio hora, “Feníe Energía quiere mostrar su preocupación sobre cómo se articulará este mecanismo de compensación entre todos los actores del mercado eléctrico” porque “la fórmula propuesta por el Gobierno aboca a las comercializadoras independientes a tener que repercutir a los clientes finales unas cantidades que serían siempre imprevisibles, al depender del precio puntual del gas. Una situación que haría prácticamente imposible ofrecer precios fijos y condiciones estables a los consumidores e impediría la competencia con las grandes compañías productoras y sus propias comercializadoras”. Por ello defienden que “esta compensación provisional en el tiempo se articule mediante un nuevo concepto regulado en la factura de la luz, lo que permitiría, que su aplicación fuese transparente y que la CNMC pudiera controlar su correcta aplicación a los clientes y también su eliminación cuando finalice esta medida temporal”.