Los motivos por los que Aelec recurre el impuesto a las eléctricas ante la Audiencia Nacional

Aelec, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el impuesto a las eléctricas, de carácter extraordinario aprobado por el Gobierno. La patronal analiza los argumentos jurídicos del citado recurso, elaborado junto a un prestigioso despacho con sede central en Madrid y que le servirá para recurrir directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado de este nuevo gravamen.

Las razones que se alegan desde Aelec para llevar a cabo el recurso se centran en que lo consideran “discriminatorio e injustificado” y se sustentan en los siguientes motivos:

1. El único en Europa. La Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior.
2. Sobre ingresos. Además, en Europa es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%.
3. Discriminación. Porque solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas. Incoherencia fiscal. Grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las eléctricas.

Aelec pedirá a la Audiencia Nacional medidas cautelares y un recurso de inconstitucionalidad, así como el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También quieren impugnar las autoliquidaciones del impuesto ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que depende del Ministerio de Hacienda. El coste del gravamen supondría alrededor de 300 millones de euros a Naturgy, 450 millones a Repsol y está pendiente la cifra que tendrán que pagar Iberdrola o Endesa.

En todo caso, Aelec estaría preparando también, según ha anunciado el diario Cinco Días, llevar esa misma denuncia a Bruselas, aunque en este caso no tendría consecuencias judiciales porque la Comisión Europea no está obligada a ofrecerle una respuesta, que sólo debe producirse necesariamente si se trata de una ayuda pública. El gravamen va contra aquellos ingresos en territorio español, de las empresas operadoras principales (con una cuota de más del 10 % en su segmento de mercado o que facturen más de 1.000 millones al año) que no procedan de actividades reguladas.