SHARE
Aelec rechaza “las medidas intervencionistas dirigidas a las empresas eléctricas” y amenaza con cerrar las nucleares

En un comunicado emitido este mismo martes, sólo horas después de la aprobación de las medidas por parte del Gobierno para reducir el efecto de la subida del precio de la electricidad en la factura de la luz, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Aelec, manifiesta su “contundente rechazo a las medidas anunciadas en el último Consejo de Ministros dirigidas contra las compañías eléctricas”. Según una información aparecida en el diario El País, estudiarán el Real Decreto-ley con detalle para decidir si existe justificación para acudir a la vía jurídica. Además, el Foro Nuclear y las propias compañías han dado a entender que de aprobarse las medidas del Gobierno podrían optar por el cierre de las centrales nucleares, posibilidad ante la que la propia vicepresidenta se ha mostrado rotunda y ha alertado sobre la probabilidad de que el operador del mercado, Red Eléctrica, no permitiese dicho cierre.

 

Aelec aprovecha para instar al Gobierno “a buscar soluciones verdaderamente eficaces, que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada (un tercio del total), y que no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables”.

 

“Medida injusta y desacertada”

Señalan también que “el sector eléctrico está asumiendo grandísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año. Todos fundamentales para que nuestro país cuente con un suministro de calidad incluso en los escenarios más adversos”. Aunque todavía no se conoce el texto del Real Decreto-ley, consideran que “el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas, es una medida injusta y desacertada”, que además, “tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella”.

Aelec argumenta también que “las empresas eléctricas tienen vendida a plazo el 100 % de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75 % de la de 2022 desde hace meses, a unos precios muy inferiores a los del mercado spot. Con estas ventas a plazo se han ido formalizando las ventas a precio fijo de los clientes en mercado libre. Ahora se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 €/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de Proyecto de Ley tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 €/MWh”.

 

Las subastas de energía “no sirven”

Respecto a la obligación de subastar energía, señalan que “ya se introdujo en 2007, y el resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios. Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma”, aseguran. En su valoración, la escalada de precios del gas, “no hace sino encarecer el coste de suministrar a sus clientes con los que tiene compromisos de venta por un volumen de energía superior a la producción propia y, en gran medida, con precios fijos”. Para ellos “la solución pasa por una reforma de la tarifa regulada que evite -como sucede en países europeos de nuestro entorno- el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado”.

Y el otro ámbito de actuación aconsejan que “debe ir orientado a limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución transporte y acometer una reforma fiscal que alivie la presión a la que está sometida el recibo de la luz con altos impuestos”.

 

“Crean un clima de inseguridad jurídica”

El comunicado concluye que las medidas “crean un clima de inseguridad jurídica”, y contra la “supuesta sobreretribución de tecnologías”, aducen que “no están amortizadas, son claves para la transición energética y, en muchos casos, operan en pérdidas desde hace años”. Y para finalizar apuestan por “la electrificación de la sociedad a través de tecnologías de generación con renovables, como la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica” para abaratar los costes.