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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC

Nueva condena para España por los recursos contra la reforma de las renovables, después de que el Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores, haya dictado un laudo condenatorio más contra el Estado. En este caso  la entidad demandante era Infrared Environmental Infrastructure y sus filiales, que cuentan con dos plantas termosolares en Andalucía y Extremadura, respectivamente, en razón de las cuales reclamaban un total de 92 millones de euros al Gobierno Español. El fondo pertenece a la gestora Londres Infrared Capital Partners, de la que es propietaria el banco HSBC, y ha contado con el asesoramiento del despacho Cuatrecasas.

Con esta nueva condena, España ya cuenta con una decena de derrotas y un total de 800 millones de euros, sin contar con los intereses de demora. Todas ellas se sustentan en los recortes con carácter retroactivo efectuados por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, así como el Gobierno Popular de Mariano Rajoy. En todo caso, las cantidades reclamadas eran sustancialmente mayores que las indemnizaciones fijadas por el Ciadi, gracias a la labor de la defensa española, representada por la Abogacía del Estado. Asimismo, también cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, que sostiene que las instancias arbitrales y la Carta de la Energía no son adecuados para resolver las diferencias, pues se trata de casos bajo jurisdicción europea, por lo que deberían ser juzgados por el Tribunal de Justicia de la UE. Aun así todavía restan alrededor de una treintena de arbitrajes pendientes de resolución. España ha acumulado en el primer semestre de este año más denuncias que ningún otro país, hasta llegar a un total de cinco.

En este caso y según el Ciadi, los cambio de regulación vulneraron el estándar de tratamiento justo y equitativo que se recoge en la Carta de la Energía porque los demandantes tenían la expectativa legítima de que no se modificaría el derecho de las plantas a recibir la remuneración prevista en el Real Decreto 661/2007 y en el RD 1614/2010. Pese a los recortes, la entidad demandante ha continuado participando este mismo año en las energías renovables en España, con la compra de un portfolio energía solar fotovoltaica de 1.500 MW, en Andalucía y Castilla La Mancha.