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El Gobierno no logra por el momento que se retire ninguna de las “demandas renovables” pendientes

Después de la reforma que aprobó el Gobierno a finales de 2019 y que contemplaba una nueva retribución para las renovables, que incluía una rebaja leve de la tasa de rentabilidad durante seis años y el mantenimiento de la rentabilidad actual para quienes sufrieron los recortes de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy, respectivamente, los inversores que habían demandado al ejecutivo por estos últimos o pretendían un arbitraje internacional no han desistido de su planteamiento y mantienen las demandas por renovables abiertas. Su retirada era uno de los fines que perseguía el Ejecutivo con la nueva reglamentación, pero por el momento no ha sido útil para este fin.

En los tribunales siguen abiertos todos los litigios pendientes de resolución y a la Abogacía del Estado no le consta que haya habido desistimientos en este sentido. En su conjunto, las indemnizaciones reclamadas por los diferentes inversores se acercaban a los 10.000 millones de euros en casi medio centenar de procedimientos, mientras la docena de pleitos ya resueltos han supuesto 861 millones de euros, con varios casos más pendientes aún de fijar la cantidad a compensar. Esa situación llevó a que España fuera el país, junto a Argentina, con más litigios pendientes en tribunales internacionales. No obstante, el Estado español también triunfó en 4 de los pleitos y en otro más el demandante desistió y además, en aquellos casos en los que la sentencia fue contraria al interés español, las cuantías de las indemnizaciones fueron mucho menores de las solicitadas.

 

Opciones de rentabilidad planteadas por el Gobierno

Junto a los doce ya resueltos y los tres pendientes de resolución, sumarían una veintena, frente a los casi treinta aún pendientes de celebrarse. De ahí que el Gobierno planteara la posibilidad de un acuerdo cuya esencia consistía en optar por asegurarse la rentabilidad del 7,39 % durante  doce años renunciando a plantear cualquier recurso judicial o arbirtraje o, por el contrario, preferir la nueva retribución del 7,1 % durante la mitad del tiempo – seis años- pero con opción de poder reclamar una compensación.  Tras la situación derivada de la pandemia y el Estado de Alarma y la suspensión de plazos judiciales, los demandantes pueden renunciar a mantener los recursos hasta el próximo mes de diciembre.

Mientras las demandas por renovables ya resueltas han implicado condenas e indemnizaciones por la cifra ya mencionada de 861 millones, las cantidades reclamadas en ellos sumaban 5.384 millones. Por su parte, los cerca de treinta casos pendientes suponen una cifra global de reclamación de 4.317 millones, aunque tres casos se encuentran pendientes de fijar la compensación exigida. Entre los más relevantes está una reclamación de Abengoa, cuya cuantía es de 1.505 millones de euros y que, por otro lado, también reclama al Gobierno avales públicos para refinanciar su deuda y evitar su quiebra.

En todo caso, los importes de las demandas por renovables aún no han sido abonados porque el Gobierno ha reclamado su anulación y también la de los procesos en sí mismo, basándose en el hecho de que sólo debe someterse a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no de ningún otro país, como ocurre en varios de los pleitos, que sido reclamados en Estados Unidos o en Australia. En este sentido, Bruselas se ha situado al lado del Ejecutivo español porque la Comisión Europea considera que los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países integrados en la Unión Europea no son legales por ser contrarios al derecho comunitario. Asimismo también estudia disponer lo mismo respecto de los que tienen su origen en compañías de terceros países.