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El Gobierno conserva la retribución de las renovables a cambio de evitar las demandas de afectados

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el que establece la rentabilidad razonable para renovables, cogeneración y residuos y la tasa de retribución financiera para la producción en los territorios no peninsulares para el periodo 2020-2025 (Real Decreto-Ley 17/2019). Además la nueva norma incorpora un mecanismo al que se podrán acoger las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, “con el objetivo de ofrecer una alternativa que pueda mitigar la litigiosidad provocada por dicha norma y dar una señal de certidumbre a futuro”, subraya.

En concreto, la retribución regulada de las renovables para los próximos 12 años les otorga una rentabilidad del 7,4%, la misma que ahora, excepto para aquellas instalaciones en manos extranjeras que hayan demandado al país y no retiren sus pleitos, que cobrarán un 7,1% hasta 2025 y luego alrededor de un 4,5%. El objetivo del Gobierno, tal y como subrayó la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, consiste en «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que vieron modificado su régimen retributivo con la normativa de 2013 y se sintieron traicionados al cambiar las premisas». El marco retributivo para las instalaciones de energías renovables supone un desembolso de alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Pero ahora, para acogerse a él, los inversores tendrán que renunciar a los procesos judiciales iniciados, así como a las indemnizaciones que hubiera lugar.

El Gobierno conserva la retribución de las renovables a cambio de evitar las demandas de afectados
El Gobierno conserva la retribución de las renovables a cambio de evitar las demandas de afectados.

El Ejecutivo añade también que la medida “plantea un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz”. Además, el Real Decreto-ley también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%. El Gobierno valora en este caso también que “la medida acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado”.

La ministra valoró en más de 10.000 millones de euros las peticiones de indemnizaciones que suma el casi medio centenar de pleitos abiertos por inversores contra el Gobierno por el citado recorte retroactivo. De ellos, ya cuentan con resoluciones de condenas una decena de casos por un importe total superior a los 820 millones de euros, cantidad inferior a las reclamaciones de los mismos, que sumaban más del doble de ese importe. Para Ribera, la medida busca mitigar “el impacto de la decisión regulatoria” y reducir “la litigiosidad pendiente”.

Además, el Real Decreto quiere favorecer también una transición energética socialmente justa. En primer lugar, se ocupa de la concesión de acceso de evacuación a la red. La norma establece que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá regular procedimientos y establecer requisitos para que, a la hora de otorgar una nueva concesión de acceso a un proyecto de energías renovables en los nudos donde se acometan cierres, se tengan en cuenta los criterios sociales, incluyendo el potencial de generación de empleo, y los criterios medioambientales.

Las solicitudes de renovables se disparan
Las solicitudes de renovables se disparan

UNEF celebra la aprobación del nuevo marco retributivo

Por otro lado, la Unión Española Fotovoltaica ha valorado muy positivamente la aprobación del Real Decreto-Ley, que “da respuesta a una necesidad urgente del sector fotovoltaico y renovable, que en los últimos años ha sufrido las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria y a la constante incertidumbre que ésta supone“. Añade también que “es un paso importante hacia la estabilidad y seguridad jurídica“ y también “para atraer las inversiones necesarias para desarrollar los más de 30 GW de proyectos fotovoltaicos que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima“ .

Por último añaden la esperanza de que “en el futuro inmediato se puedan regular las dos principales asignaturas que todavía quedan pendientes“, por un lado, “el establecimiento de un mecanismo de subastas de energías renovables homologable internacionalmente, y la definición de un proceso de ordenación de la concesión de los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica que sea transparente, para evitar posiciones dominantes“.