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Montaje Ministra Teresa Ribera enfrentada a Álvaro Nadal

A finales del pasado año, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, puso sobre la mesa un plan para evitar que se planteasen nuevos procedimientos de arbitrajes contra España por la normativa de renovables e incluso poner término a los que ya existen. Dicha iniciativa se basaba en un aumento de la retribución a la inversión hasta el 7,39% durante los próximos doce años, en lugar de que se situase en el 7,09% hasta 2025, cuando se volvería a revisar. Pero este incentivo no parece lo bastante consistente como para disuadir a los 35 procedimientos ya abiertos contra el Estado y que se llegue a acuerdos no excesivamente lesivos para los intereses españoles. En el sector se duda de que esa oferta sea más interesante que la alternativa y, por el contrario, la jurisprudencia que se desprende de los 6 conflictos ya ganados por los demandantes augura el éxito también en una buena parte de los restantes. En total, la cuantía de todas las demandas se sitúa al borde de los 10.000 millones de euros. De hecho se podría estar preparando un nuevo laudo a cargo de un inversor que procede de fuera de las fronteras comunitarias. No en vano, los fondos que financian estos pleitos pueden asumir incluso los gastos y el riesgo de perder, porque confían en el éxito judicial y en obtener un porcentaje suculento a cambio de ese triunfo.

No es previsible por tanto que los inversores accedan a pactar condiciones con el Gobierno porque, además, ni siquiera la propuesta de este último tiene verdaderas garantías de prosperar, teniendo en cuenta la necesidad de apoyos en el Congreso que tiene para llevar adelante cualquier proyecto de ley. Por otro lado, la propuesta también es considerada demasiado rígida, obliga a elegir y tomar decisiones sin saber por dónde se desarrollarán los acontecimientos en un futuro a medio plazo. La solución pactada también viene dificultada por la posición adoptada por Bruselas, de modo que los inversores internacionales continúan intentando obtener un beneficio a través de lo que pueden obtener para cobrar las indemnizaciones y sus correspondientes intereses. En definitiva, todo un cúmulo de razones para continuar pensando que se mantiene vigente la situación de inseguridad jurídica.

Si España no lograra un acuerdo, sería mucho más complicado para el Gobierno movilizar la partida de 236.000 millones de euros en los que ha cifrado la inversión necesaria para llevar a buen término la transición energética, uno de los objetivos más ambiciosos del Gobierno socialista a largo plazo.