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Rajoy, Cañete y Junker juntos en una visita a la Comisión Europea

La Decisión C (2017) 7384 ha abierto la puerta al Reino de España para evitar el pago por todas las demandas derivadas de los recortes que el Gobierno practicó en las primas a las energías renovables en 2013. Conforme a la decisión de la Comisión Europea, en la que se avala el esquema de ayudas aprobado ese año a las renovables por parte del Gobierno, se aclara que «cualquier tipo de compensación o ayuda derivada del esquema anterior, aunque provenga de sentencias de arbitraje internacional conforme al Tratado de la Carta de la Energía, se considerará ayuda de Estado», y por lo tanto será anulada y tendrá que ser notificada a Bruselas para su aprobación.

El origen de la Decisión C (2017) 7384 proviene del gabinete de Competencia dirigido por Margrethe Vestager, donde se recuerda que el único órgano competente para dirimir sobre los recortes a las energías renovables son los tribunales europeos, por lo que las decisiones de otros órganos internacionales pueden considerarse contrarias a la competencia europea.

El Gobierno afronta reclamaciones de inversores extranjeros por el hachazo a las primas renovables por un valor cercano a los 7.565 millones de euros, y la reciente Decisión C (2017) 7384 ha despertado gran preocupación entre los inversores, pues ven una puerta abierta para el Reino de España para negarse a pagar incluso aunque hubiera una sanción a favor por parte del CIADI (Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Mientras tanto, el Gobierno está revisando los efectos legales que dicha Decisión pudiera tener sobre las obligaciones de pago.

Primera derrota del Gobierno por arbitraje internacional ante los recortes a las renovables

Si finalmente el documento que ha hecho público Bruselas se acaba utilizando para evitar el pago de las primas renovables que han dejado de cobrar los inversores internacionales, se consolidará uno de sus mayores temores tras la reforma del sistema realizada por José Manuel Soria en 2013. Ya en ese momento el Gobierno aprovechó para indicar veladamente que cualquier sentencia podría ser contraria a la política de Bruselas con respecto a las ayudas públicas. En aquel momento no se especificó, pero en la Decisión se hace referencia a la doctrina Micula, aquella que permitió que Rumanía evitase el pago a unos inversores internacionales acudiendo a la consideración por parte de Bruselas de dichos pagos como «ayudas de Estado ilegales».

Aunque ya hay un caso de un inversor que ha conseguido ganar al Reino de España en el CIADI, al que se le han reconocido el cobro de 128 millones de euros, hay una gran cantidad de disputas abiertas pendientes de resolución, con lo que la cifra puede crecer rápidamente. Es por ello que la Decisión que ha publicado Bruselas establece la obligación de España de paralizar cualquier pago hasta que se le comunique y se revise la documentación adecuada previa para su autorización o denegación. Adicionalmente, el Gobierno tiene la posibilidad de recurrir los laudos arbitrales del CIADI, por lo que la situación, que a priori se antojaba bastante sencilla para los inversores extranjeros, se está complicando y los plazos se están alargando.

Problemas para el consumidor

Si los laudos y los recursos acabaran recayendo contra el Gobierno de España, habrá una seria repercusión para el consumidor, pues el superávit eléctrico no sería suficiente para pagar la cifra total que pudiera derivar de los 7.565 millones en reclamaciones que hay en el CIADI, por lo que habría que cargarlo contra el recibo de la luz que pagan todos los consumidores del sistema.

La Decisión de Bruselas hace hincapié en la preferencia del derecho comunitario sobre cualquier acuerdo bilateral que pudiera haberse firmado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, aunque no aclara si los sistemas anteriores a la reforma del 2013 están afectos a la Decisión. Se entiende que así es aunque ningún inversor está en contra de dicho esquema de primas, pero esta situación puede afectar a los inversores y añade más dudas a la posibilidad de que prosperen las reclamaciones interpuestas.