Primera derrota del Gobierno por arbitraje internacional ante los recortes a las renovables

El Ciadi, Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, ha fallado en contra del Gobierno español el primero de los arbitrajes internacionales que dirimen los recursos por los recortes aplicados desde 2010 a las ayudas a las energías renovables. El laudo del Ciadi concede la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, y condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses. En el laudo del Ciadi se declara que ha sido violado el artículo 10 de la Carta de la Energía privando de un trato justo y equitativo a Eiser. El fallo es unánime y se muestra enérgico sobre la ilegalidad de las transformación radical del marco regulatorio. Además estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes porque la reclamación ascendía a 300 millones y la condena es por 128 millones exactamente.

El Gobierno tiene aún pendientes 26 denuncias más por el recorte a las primas de las renovables, por lo que si el resto de fallos se inclinan en la misma dirección la suma final podría ser muy superior. Las demandas se produjeron como consecuencia del cambio de condiciones por parte del Gobierno, una vez las empresas ya habían realizado las inversiones. El Ministerio de Energía comunicó el pasado viernes que estudia el recurso porque estima que “el resultado del laudo no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante”. En su opinión, cada procedimiento arbitral es diferente, y añade que el laudo “no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014 que permitió acabar con el déficit de tarifa”, antes de puntualizar que “enfrentó un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario, y el tribunal no cuestiona que fuese apropiado que las autoridades españolas adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación”.

El Tribunal Arbitral de Estocolmo falló a principios del año pasado a favor del Gobierno respecto de otra demanda presentada por Charanne B.V. y Construction Investments por los recortes al sector fotovoltaico. Después del fallo del Ciadi, Anpier, asociación que agrupa a los pequeños productores fotovoltaicos españoles, han reclamado un trato similar, “resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”, aseguran. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya habían avalado previamente los recortes aplicados por el Gobierno, en respuestas a los recursos de los productores nacionales, que tuvieron que interponerlas aquí, dado que no pueden acogerse al tribunal internacional de arbitraje.

La duda estriba también ahora en cómo va a afectar este coste extra a los consumidores y si lo notarán en subidas en el recibo de la luz, después de que el Gobierno introdujera una enmienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año para permitir que el coste de estos arbitrajes pueda cargarse a los costes del sistema eléctrico y pagarse vía factura de la luz. Lo más probable es que exista déficit en el recibo –que el consumidor pague menos de lo que cuesta el servicio- y esto obligará a aumentar la factura.