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Primera derrota del Gobierno por arbitraje internacional ante los recortes a las renovables a los fondos americanos

España tiene un nuevo rival en su lucha para vencer en los arbitrajes que diversos fondos americanos interpusieron por los recortes a las renovables que persiguen al Estado en los últimos años. El Grupo Mol, una empresa estatal húngara que comercializa electricidad se ha personado en los citados arbitrajes unida a los fondos demandantes. Y el motivo es que considera que perjudicaría a sus intereses una victoria española porque, a su vez, mantiene un pleito contra el Estado de Croacia que se vería afectado. De este modo, su alegación defiende una posición opuesta a la esgrimida por España y aboga por la jurisdicción internacional, en lugar de la europea.

El Grupo Mol reclama en el Ciadi del Banco Mundial una compensación de 1.000 millones a Croacia por frenar inversiones, de acuerdo al Tratado de la Energía, porque considera que sin él la reclamación debería hacerla en los tribunales de ese país. Así, se ha personado en uno de los casos que afecta a España, el arbitraje de Novenergía, a favor del fondo de inversión y es previsible que actúe igual en otros procedimientos abiertos, en favor de un arbitraje internacional imparcial. El citado Tratado ofrece tres instancias diferentes para dirimir los litigios y una de ellas es el Ciadi, del Banco Mundial, que tiene sede en Estados Unidos y es a la que han acudido preferentemente los fondos demandantes. EEUU defiende el sistema de arbitrajes, pero la UE opta por la justicia ordinaria, aunque esta unanimidad se rompe ahora con el caso húngaro del Grupo Mol, en la que tiene participación el propio Estado de este país.

En esta cuestión, España se ha encontrado siempre con el apoyo de la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la propia UE, que estima que entre dos de sus estados miembros no se puede acudir a arbitrajes internacionales, sino que deben litigarse dentro de la justicia europea. En varios de los arbitrajes que afectan a España, los fondos están radicados en países de la UE, aunque la inversión no provenga de ellos, de modo que quedarían sujetos a esta alegación y por ello la Comisión ha tomado parte en los arbitrajes en ayuda del Estado Español, que ya suman docenas de demandas, todas ellas amparadas por el Tratado de la Energía, que garantizaba las inversiones que en nuestro país se vieron seriamente afectadas con los recortes en las renovables. Ya hay varios procedimientos fallados en contra de España, cuyos pagos el Gobierno y sus asesores intentan retrasar con argucias legales, pero que podrían acabar con un embargo de bienes españoles en el exterior, si no prospera su intención de anular los laudos del Ciadi en los que nuestro país ha salido derrotado.