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Sindicatos y empresarios aprueban las condiciones del pacto para regular el teletrabajo

Después de que los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., y la dirección de la patronal CEOE aprobaran el preacuerdo previsto para regular el teletrabajo pactado con el Ministerio de Trabajo, el Gobierno aprobó ayer el Real Decreto-Ley que lo regula.

 

Este decreto-ley que regula el teletrabajo deberá ahora ser ratificado por el Congreso de los Diputados. En el caso de los empresarios, el comunicado de ratificación afirma que “el Comité Ejecutivo de CEOE ha respaldado por unanimidad el texto definitivo”, y añaden que “confiamos en que esta norma permitirá avanzar de forma ordenada en esta modalidad, especialmente una vez se supere la excepcional coyuntura en la que nos encontramos con motivo del COVID-19”.

La mayor parte de la norma no se aplicará al trabajo a distancia que se produce como consecuencia de la pandemia, aunque la disposición adicional especifica que los gastos y medios necesitados por el trabajador deben correr por cuenta de la empresa.

Los detalles básicos de la ley indican que se considerará teletrabajo sólo cuando las horas trabajadas en remoto alcancen al menos el 30 % de la jornada durante un periodo de tres meses, o lo que es lo mismo un día y medio a la semana. Si la cantidad de horas y su regularidad no llegan a ese volumen, será valorado sólo como un elemento de flexibilidad laboral. En cuanto a los gastos, la empresa es quien tiene que asumir la dotación y mantenimiento de los medios y equipos necesarios para que el trabajador pueda llevar a cabo la actividad a distancia.

Además, se establece la necesidad de formalizar un acuerdo escrito entre trabajador y empresa, que este último debe entregar en 10 días a los representantes de los trabajadores y después deberá ser remitido a la oficina de empleo. Otros aspectos que se detallan tienen que ver con el inventario de equipos y herramientas necesarios para desarrollar la actividad en remoto, los gastos que el teletrabajo puede acarrear al trabajador y la forma de cuantificarlos y compensarlos, los horarios de trabajo o reglas de disponibilidad, el lugar elegido para teletrabajar, los medios de control a disposición de la empresa, la duración del acuerdo y las instrucciones para ejercer la actividad.

También se establece que si el empleador y los trabajadores ya contaban con una regulación interna sobre el trabajo a distancia, la nueva ley se aplicará a partir de que la citada norma caduque o, en el caso de que no tuviera plazo, la ley entrará en vigor un año después de su publicación el BOE, aunque las partes podrían ampliar este plazo hasta los tres años, de común acuerdo. El decreto establece que se pueden fijar tiempos de disponibilidad obligatoria, del mismo modo que se deben respetar los periodos de descanso, aunque empresario y trabajadores pueden negociar la disponibilidad de estos últimos en determinados espacios horarios. Se conserva también el sistema de registro horario. El teletrabajo será voluntario para las dos partes y reversible también para ambos, así como se podrá modificar también el porcentaje de presencialidad.

El decreto-ley contempla el control horario del personal por parte de la empresa, pero no especifica, sino que únicamente señala que se podrán adoptar las medidas “más oportunas de vigilancia y control” para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los empleados. Por otro lado, la ley establece también que los empleados que trabajen a distancia gozarán de idénticos derechos a si desarrollasen la actividad de manera presencial, así como todos los relativos a conciliación y corresponsabilidad y a la desconexión digital.