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La CNMC propone una reforma integral de la normativa que afecta a las pymes para impulsar su actividad

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La CNMC propone una reforma integral de la normativa que afecta a las pymes para impulsar su actividad
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El “Estudio sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes y a su participación en la contratación pública” (E/CNMC/004/23) analiza los principales obstáculos con los que se encuentra en España y plantea soluciones. Todo ello en un escenario con más de 3 millones de pymes, que representan al 99,8 % del tejido empresarial español, y que generan el 65 % del empleo y aportan el 55 % del PIB del sector privado.

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala refiriéndose a las pymes que, “aunque son esenciales para nuestra economía, las cargas burocráticas, la fragmentación normativa o la dificultad para participar en las licitaciones lastran su creación y actividad”. Por eso considera también que combatir esa fragmentación de la regulación, las cargas administrativas o la morosidad son factores cruciales para estas empresas.

Entre las barreras que el estudio de la CNMC ha detectado destaca “su escasa presencia en la contratación pública”. El estudio señala que las pymes encuentran dificultades para obtener información y la complejidad de la normativa o el propio diseño de los pliegos reduce sus opciones como adjudicatarias y les desincentiva a participar. Y añaden también que “esto ocurre, especialmente, cuando hay requisitos innecesarios o desproporcionados que generan costes excesivos”. Se trata de dinámicas que perjudican también a las administraciones porque tienen menos ofertas cuando resuelven sus licitaciones, de modo que la situación repercute en el gasto y en los servicios públicos de que disponen los ciudadanos.

 

Medidas que propone la CNMC

Competencia propone medidas para reducir las barreras y fomentar la competencia: y lo hace en dos apartados diferentes, por un lado para facilitar la creación y el crecimiento de las pymes, y por el otro para mejorar su acceso a la contratación pública:

En el primer caso, las medidas se basan en:

  • Impulsar un mercado más integrado y procompetitivo, reduciendo la fragmentación normativa y promoviendo la simplificación y coordinación regulatoria mediante medidas como las “ordenanzas tipo” municipales.
  • Facilitar la creación de empresas, agilizando la tramitación de licencias y extendiendo las declaraciones responsables. También a través del refuerzo del Sistema Circe, como ventanilla única para la creación de empresas y los puntos de atención al emprendedor (PAEs), e impulsar los bancos de pruebas regulatorios.
  • Promover normas que fomenten el crecimiento empresarial, mediante la modulación de obligaciones para las pymes y, a la vez, evitar el “efecto escalón” con transiciones más graduales en función del tamaño empresarial.
  • Reducir las cargas administrativas, asegurando el cumplimiento del principio “solo una vez” en la aportación de documentación y trámites, o aplicando un apoyo proactivo a las pymes y diseñar esquemas de ayudas que sean eficientes, procompetitivos y fácilmente accesibles.
  • Por último, combatir la morosidad y valorar el impulso de los pagos automáticos de intereses de demora y sanciones frente a impagos.

 

Con respecto a mejorar su acceso a la contratación pública propone:

  • Reformar en profundidad el marco de contratación pública, simplificándolo con un enfoque procompetitivo para agilizar los procedimientos y facilitar su participación.
  • Mejorar la accesibilidad y utilidad de la información sobre licitaciones.
  • Impulsar iniciativas activas de acompañamiento y formación para familiarizarse con la contratación pública.
  • Reforzar la planificación, el análisis previo de mercado y el diseño de las licitaciones y facilitar la presentación de ofertas, a través del impulso a la división de los contratos en lotes para fomentar la competencia y la participación de pymes, evitando requisitos desproporcionados o innecesarios, ajustando los plazos y reduciendo las cargas para presentar las ofertas y durante la ejecución de los contratos, así como también dotando de suficientes recursos y capacidades a los órganos de contratación.