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Los beneficios de las compañías eléctricas crecieron en el primer trimestre del año

El año comenzará de cara para los consumidores energéticos, puesto que el Gobierno ha anunciado que prevé detener la escalada de la tarifa de la luz, congelando la parte regulada del recibo. Esto quiere decir que se mantendrá en los mismos niveles de los últimos cinco años, de tal forma que si existe variación sólo podrá achacarse a los vaivenes del mercado. No obstante, el Ejecutivo también reconoce una deuda entre los ingresos y los costes del sistema de 453 millones de euros, que devuelve al déficit de tarifa a la actualidad, después de varios años también. Este desfase negativo se debe a que han disminuido los primeros, especialmente por el trasvase de consumidores hacia la tarifa de discriminación horaria, según estima el propio Ministerio que dirige Teresa Ribera. Dicho cambio viene determinado también por el Real Decreto que el propio Gobierno aprobó hace un par de meses y que obligaba a las compañías eléctricas a informar a sus clientes domésticos sobre el ahorro que les podría suponer el trasvase a la tarifa nocturna. También habría contribuido a reducir los ingresos la rebaja de la fiscalidad que supuso la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. En cambio, los costes se habrían incrementado hasta superar los 18.000 millones de euros, según la propuesta de peajes.

Este desequilibrio en las cuentas se suma a la deuda acumulada en la primera década de este siglo especialmente y que supera los 18.000 millones de euros, aunque es mucho menor que al inicio porque desde hace 4 años se paga una letra anual de 2.740 millones de euros para paliarla.

Para cuadrar las cuentas, el Gobierno propone extraer 455 millones de euros de la hucha de la tarifa creada durante los últimos cuatro años de superávit, lo que acabaría con el 50% de lo ahorrado para equilibrar la balanza del próximo año. De este modo se conseguiría mantener el nivel de los peajes, lo que implicaría según el Ejecutivo, “efectos beneficiosos sobre la renta disponible de los hogares y la competitividad de la economía”. No obstante la supresión del citado impuesto de generación debe terminar en marzo, lo que supondrá la consiguiente subida del recibo para que el impacto sobre el déficit no se dispare.

Dentro de su propuesta, el Gobierno también incluye la supresión de los 170 millones de euros que cobran algunas centrales por permanecer disponibles continuamente para poder evitar posibles apagones no previstos. La razón de esta decisión es que se trata de un mecanismo en revisión ahora mismo por parte de la Comisión Europea. Las compañías eléctricas que son titulares de estas instalaciones consideran que irremisiblemente esto provocará el final de aquellas centrales que peores rendimientos tengan y que sólo entran en el sistema en el caso de que la generación de energía renovable se sitúe en mínimos.