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El Gobierno quiere alargar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030, con cargos a las eléctricas

En la nueva Ley de Cambio Climático se contempla ampliar diez años más el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado en 2014 y que es financiado por las compañías eléctricas y les supondría alrededor de 2.000 millones de euros más para el plan de ahorro de energía hasta 2030. El Fondo se aplica desde hace varios años y obliga a cientos de empresas energéticas a aportar económicamente cantidades que luego sirven para llevar a buen término las políticas de recorte energético que la Unión Europea impone a sus países miembros.

Ahora, el Ejecutivo quiere prolongar el fondo, siguiendo la política energética que marca Europa, de tal modo que las citadas compañías asuman el pago de esos 2.000 millones mencionados, en total alrededor de 360 empresas de los ámbitos del petróleo, la electricidad y el gas, que obviamente no pagan las mismas cantidades, sino que lo hacen en función de una metodología referenciada a la proporción de sus ventas de energía anuales, en este caso, para el ejercicio actual se emplearían los resultados de 2017.

En el caso del sector eléctrico, el año pasado Repsol se acercó a los 40 millones, Endesa superó los 28 millones, mientras Naturgy rebasaba los 25millones y Cepsa los 22 millones de euros. El proyecto de ley prevé aprobarse a lo largo del mes que está a punto de iniciarse, según las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica. Y dentro de él se incluye un objetivo de revisiones periódicas e intermedias para dar fe de los cumplimientos del plan. La primera de ellas para verificar el desarrollo entre 2017 y este mismo año; la segunda entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030.

No obstante, la medida ha sido recurrida también cada año por las propias compañías, sin lograr que ninguna de esas reclamaciones prosperase, porque el Tribunal Supremo ha ido fallando repetidamente en su contra. Preferentemente, los recursos han estado a cargo de las compañías mayoritarias, que son las que más pagan, aunque otras como Iberdrola prefieren no litigar, sino que optan simplemente por presentar alegaciones para que se varíe la fórmula de cálculo o para que se incluya en el fondo también a los consumidores finales.