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Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes la Declaración de Emergencia Climática, un documento que incluye 30 líneas de acción prioritarias para luchar contra el cambio climático y favorecer la salvaguarda del medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. No obstante, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicó que el Ejecutivo se compromete en la Declaración de Emergencia Climática a ejecutar cinco medidas concretas en los primeros 100 días de gobierno.

La primera de ellas es la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es garantizar la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. La presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo, y el impulso a los sectores productivos para favorecer su sostenibilidad y el empleo de calidad serán otras tres medidas a corto plazo. Por último, la quinta medida es la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que permita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Ribera adelantó que su composición será inclusiva, paritaria y «con representación especial de los jóvenes».

Según la vicepresidenta, los riesgos actuales derivados del impacto del cambio climático están ya considerados como los más relevantes desde el punto de la vista de la economía global -como evidencia el informe de este año del Foro Económico Mundial- y también social, porque generan «sufrimiento y desigualdad». Por ello defendió también la necesidad de impulsar la citada Declaración de Emergencia Climática por razones de justicia, de futuro, y por responsabilidad, ya que «no abordar este desafío es regresivo desde el punto de vista social y costoso económica y socialmente». La Declaración «debe inspirar todas las políticas públicas» y permitir al Gobierno desarrollar su compromiso con la lucha contra el cambio climático, «las instituciones tenemos la responsabilidad de evitar el incremento de los problemas y facilitar las soluciones», concluyó.