CNI propone abrir los CAE a las pequeñas actuaciones de ahorro

La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores ha presentado alegaciones al proyecto de modificación del Real Decreto 36/2023, que regula el Sistema de Certificados de Ahorro Energético. En ellas pide más seguridad jurídica, menos cargas administrativas, mayor transparencia y una participación más directa de los sectores que ejecutan las actuaciones, para que las de menor tamaño puedan acceder al sistema en condiciones económicamente viables.

Las propuestas de CNI quieren facilitar la aplicación práctica del sistema. Para la asociación, la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de los CAE ha permitido avanzar en el reconocimiento económico del ahorro energético. También mencionan dificultades prácticas que afectan sobre todo a las actuaciones pequeñas y medianas, en las que los costes de documentación, gestión y verificación pueden reducir notablemente el incentivo que recibe finalmente el propietario del ahorro. Su presidente, Luis Nevares, sostiene que los CAE pueden ser “una herramienta muy interesante” para que empresas y ciudadanos recuperen parte de la inversión en eficiencia energética, pero “necesitamos procedimientos sencillos, reglas claras y unos costes de gestión proporcionados al ahorro que se genera”.

Entre sus propuestas, CNI solicita que los nuevos criterios técnicos que publique el Coordinador Nacional tengan una fecha clara de aplicación y un régimen transitorio que proteja las actuaciones ya contratadas o iniciadas. Plantea también facilitar la agrupación de actuaciones estandarizadas homogéneas realizadas en distintas comunidades autónomas, manteniendo las competencias de validación de cada territorio porque multiplicar expedientes y costes de gestión para actuaciones técnicamente idénticas puede dificultar el acceso de numerosas instalaciones pequeñas.

Más transparencia y menos cargas administrativas

La Confederación propone reforzar la información pública sobre el valor de los ahorros mediante indicadores periódicos y agregados de precios, volúmenes y evolución de las operaciones. Así, el propietario conocería mejor el valor económico generado por su actuación y las empresas instaladoras podrían explicar a sus clientes las posibilidades de los CAE.

Solicita además que la documentación exigida para las actuaciones estandarizadas sea proporcional al ahorro generado y que pueda reutilizarse información ya disponible en certificados, memorias técnicas, registros de instalaciones y otra documentación reglamentaria. Pide igualmente delimitar con claridad las responsabilidades: la empresa instaladora debe responder de la correcta ejecución, puesta en servicio y documentación de la instalación, dentro de sus obligaciones reglamentarias y contractuales, pero no de decisiones posteriores del propietario que puedan afectar a la medida durante su vida útil.

Otra de las propuestas de CNI reside en que las organizaciones empresariales representativas de los sectores afectados sean consultadas cuando se elaboren o modifiquen fichas del Catálogo CAE o criterios técnicos que afecten a sus tecnologías. Las empresas instaladoras conocen de primera mano la viabilidad técnica de las actuaciones, la documentación realmente disponible y las dificultades al trasladar una ficha técnica a numerosas instalaciones reales. Incorporar esa experiencia contribuiría a que las fichas sean más sencillas de aplicar y a reducir problemas posteriores de interpretación y tramitación.