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JOAN GROIZARD, DIRECTOR GENERAL DEL IDAE

Joan Groizard dirige el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía desde principios de año, aunque ya desde septiembre lo hacía en funciones y en sustitución de Joan Herrera. Ingeniero en Energía y Medio Ambiente, por la  Universidad de Cambridge, anteriormente dirigía en este organismo el área de Energías Renovables y Mercado Eléctrico y ha sido  director general de Energía y Cambio Climático en el Gobierno Balear. Ha participado en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en desarrollos normativos como el del autoconsumo.

 

La reactivación económica post COVID – 19 enfrenta un desafío global que parece exigir una también una respuesta global, ¿en qué medida el Pacto Verde Europeo y todo lo que conlleva puede ser una ayuda a esa reactivación y cómo puede afectar al sector eléctrico?

El Pacto Verde Europeo se concibió antes de conocerse el impacto en nuestra sociedad del COVID-19, pero sigue siendo un documento plenamente válido, ya que la mayoría de Estados miembros han ratificado que la salida de esta coyuntura económica debe hacerse aprovechando para descarbonizar la economía. Distintos estudios han demostrado, además, que proyectos “verdes”, compatibles con la lucha contra el cambio climático, crean más empleo, generan más retorno a corto plazo por euro invertido y conllevan mayores ahorros a largo plazo, que medidas de estímulo fiscal tradicionales.

Elementos clave del Pacto Verde Europeo, como la integración sectorial inteligente y la ola de renovación de edificios, supondrán una importante generación de empleo, un aumento de la eficiencia y ahorros para los consumidores. El sector eléctrico va a aumentar su peso en el mix de consumo, mediante la electrificación de la movilidad y el aumento del uso de bombas de calor para calefacción y refrigeración en el sector residencial y terciario.

Además, con miras a facilitar la salida en la Unión Europea de la coyuntura económica derivada de la COVID-19, la Comisión Europea ha publicado el plan Next Generation EU, un nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros. El principal instrumento de este plan, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se destinará a subvenciones y préstamos relacionados con las transiciones ecológica y digital y la resiliencia de las economías nacionales.

JOAN GROIZARD, DIRECTOR GENERAL DEL IDAE

«Ya no se trata sólo de ejecutar nuevas o mejores instalaciones, sino también de ayudar al ciudadano a entender qué opciones existen, cuáles son las más adecuadas en cada momento«

 

 

El nuevo proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética es la apuesta española de ese modelo, ¿en qué medida considera que Eficiencia Energética, Energías Renovables y Movilidad Eléctrica son los tres ejes o palancas sobre los que asentar esa reactivación en el futuro?

Como dicen las directivas europeas: lo primero, la eficiencia energética. Las mejoras en eficiencia energética suponen un ahorro de importación de combustibles fósiles en todos los sectores: el residencial y el industrial, en la movilidad por carretera y en los edificios de la administración pública. Y también suponen una oportunidad de negocio para múltiples empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, con técnicos cualificados, que están en condiciones de contribuir a alcanzar las tasas de rehabilitación energética que son necesarias para cumplir con la normativa europea.

La generación eléctrica renovable ya es la más competitiva, y supone una oportunidad de negocio para empresas que ocupan toda la cadena de valor, desde la fabricación de equipos hasta la generación eléctrica misma. Debemos apresurarnos en asegurar un nuevo marco normativo para que esta competitividad en costes se traduzca en beneficios para los consumidores. Los ahorros por reducción de importación de combustibles fósiles serán muy notables, con una mejora prevista de la balanza comercial en 2030 de más de 60.000 millones de euros. Los nuevos modelos de subastas que anuncia el proyecto de ley, y los ambiciosos objetivos de nueva generación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) durante esta década, con casi 60 nuevos GW renovables, nos llevan a un nuevo escenario eléctrico, al que deberemos acompañar con una normativa estable y que tenga en cuenta las implicaciones en los mercados de la variación prevista del mix de tecnologías de generación.

La eficiencia energética y las renovables confluyen en la movilidad eléctrica, que se comenzó a potenciar desde la administración pública en los años 90 precisamente como una medida de eficiencia energética, por los mejores rendimientos de los motores del vehículo eléctrico frente a los motores de combustión interna tradicionales. Ahora, con problemas de contaminación atmosférica en las grandes ciudades cada vez más acuciantes, una evolución de costes de producción que va a llevar a la paridad con el vehículo convencional en unos pocos años y con una generación eléctrica que ya está mayoritariamente descarbonizada, las condiciones ideales para el desarrollo del vehículo eléctrico están servidas. Es el momento de apostar por él, y de potenciar una cadena de valor industrial que nos permita seguir ocupando posiciones de liderazgo en el sector de automoción a nivel europeo.

«Es precisamente sobre el ciudadano donde las empresas instaladoras tienen su principal ventaja competitiva: la proximidad que desde siempre ha tenido con el cliente»

 

 

Las pymes instaladoras carecen muchas veces de estructuras que les permitan orientarse al medio o largo plazo, ¿cómo cree que deben adaptarse en ese proceso y cuál debería ser el enfoque para reorientarse de cara a ese escenario futuro?

No siempre es fácil adaptarse en sectores, como el de la energía, que cambian muy rápido, tecnológicamente y socialmente, y flexibilidad e innovación son cuestiones críticas para la supervivencia de una empresa. El PNIEC y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que comienza ahora sus trámites parlamentarios para su aprobación lo antes posible, pretenden crear un marco estable y a largo plazo que elimine incertidumbres, desde la Administración Pública, para así facilitar y acompañar a las empresas instaladoras en su planificación a futuro.

El papel de las empresas instaladoras es clave para la consecución de los objetivos establecidos en el PNIEC. Son muchos los enfoques y posibilidades que se crean a partir de ahora: la transformación digital está suponiendo una herramienta fundamental en los sistemas de almacenamiento y transformación de la energía; el desarrollo de la generación distribuida, que implica un acercamiento más estrecho al ciudadano y en el que las empresas instaladoras deben desarrollar un papel de acompañamiento y de promoción de los beneficios de la nueva transformación energética que todos deseamos para un futuro mejor (autoconsumo, eficiencia energética, generación renovable, etc…); y sin olvidar también los objetivos de formación e información tan necesarios hoy en día.

JOAN GROIZARD, DIRECTOR GENERAL DEL IDAE

«Es el momento de apostar por el vehículo eléctrico y de potenciar una cadena de valor industrial que nos permita seguir ocupando posiciones de liderazgo en el sector de automoción a nivel europeo»

 

 

Los objetivos del PNIEC 2021-2030 prevén y requieren de inversiones de 200.000 millones de euros, procedentes del sector privado en una amplia mayoría, ¿qué mecanismos ha previsto la Administración para promoverlas y en qué premisas deben basarse?, ¿cómo deberían articularse?

El principal mecanismo creemos que es un marco normativo estable. Como hemos comentado, la evolución de los costes de generación eléctrica con eólica y fotovoltaica hacen que ya sean competitivas, por lo que lo que necesitamos es dar visibilidad y predictibilidad a los objetivos de nueva entrada de potencia renovable, con los calendarios previstos en el proyecto de ley y el nuevo marco para las subastas. No se trata de nuevas “primas” o subvenciones, sino de una previsibilidad en los ingresos que permita financiar este tipo de instalaciones.

Habrá sectores concretos, como el ya mencionado de la movilidad eléctrica, en los que aún serán necesarias las subvenciones para apalancar la financiación privada, pero siendo conscientes de que la evolución de los costes de producción prevista hará que dichas ayudas ya no sean necesarias en unos años. Visto con perspectiva y un poco amplitud de miras, no se trata de gasto a fondo perdido, sino de inversiones para desarrollar un tejido industrial que permita posicionarnos en tecnologías que acabarán siendo, más pronto que tarde, competitivas.

Hay otras tecnologías en las que, aun estando lejos de poder competir a día de hoy, debemos apostar, por su potencial para descarbonizar determinados sectores difíciles de electrificar, como ciertas demandas del sector industrial, y por el potencial tan grande que tenemos de generación eólica y fotovoltaica. El hidrógeno, en este sentido, está ganando inercia tanto a nivel europeo como nacional, con varios proyectos en estudio asociados a generación fotovoltaica ligada a la producción de hidrógeno.

Por último, creo que no está de más mencionar la participación ciudadana, tan necesaria en esta transición energética. Los ciudadanos podrán ser actores no solo como consumidores, sino también como generadores, individualmente o de forma colectiva (a través de comunidades locales de energía o participando en nuevas herramientas financieras como las plataformas de crowdfunding).

 

Uno de los objetivos cualitativos se basa en «empoderar al ciudadano y situarlo en el centro del sistema energético», ¿qué papel tiene el profesional de la instalación como proveedor de confianza en esa labor de cara al usuario final? ¿en qué medida el instalador debe reforzar su condición de asesor energético?

Efectivamente, el ciudadano se convierte en el eje fundamental en la transición energética, lo que implica que los nuevos modelos de negocio deben generarse alrededor de él. Y es precisamente sobre el ciudadano donde las empresas instaladoras tienen su principal ventaja competitiva: la proximidad que desde siempre ha tenido con el cliente.

No todos los ciudadanos tienen un conocimiento técnico que les permita un mejor uso de sus recursos energéticos o de las ideas que querrían poder implementar. Sin embargo, sí que todos los ciudadanos quieren formar parte de un proceso de transformación energética que persigue un mundo más limpio y eficiente. Los profesionales de la instalación, como parte de su negocio y de búsqueda de oportunidades, deben acompañar al ciudadano en ese proceso de empoderamiento trasladando las oportunidades y ventajas que presenta la transición energética a toda la sociedad de una forma práctica y efectiva.

Ya no se trata sólo de ejecutar nuevas o mejores instalaciones, sino también de ayudar al ciudadano a entender qué opciones existen, cuáles son las más adecuadas en cada momento, y el poder contar con profesionales de confianza para asesorarles en todo el camino.

A día de hoy nadie se extraña del concepto de asesor financiero. No nos debería sorprender el desarrollo de una figura que fuera algo como un “asesor energético”.

«Debemos asegurar que nuestras redes, que pagamos todos a través de los peajes, son exprimidas al máximo y optimizadas para facilitar la mayor entrada posible de renovables»

 

 

Previsibilidad y estabilidad son dos objetivos ansiados en el ámbito de las energías renovables, ¿en qué medida factores como el nuevo marco retributivo, la figura del agregador o la hibridación contribuirán a ello?

No tenemos excusas para no dar esa previsibilidad y estabilidad. Apoyándonos en los criterios técnicos que definan los reguladores, el gestor de la red de transporte y los gestores de las redes de distribución, debemos asegurar que nuestras redes, que pagamos todos a través de los peajes, son exprimidas al máximo y optimizadas para facilitar la mayor entrada posible de renovables. La hibridación y la repotenciación, con el marco normativo adecuado, deberán desempeñar un papel clave en ese mayor aprovechamiento de emplazamientos existentes, al poder optimizar durante más horas esa capacidad de conexión que, de otro modo, quedaría infrautilizada.

La agregación merece mención aparte. Es una función que aparece en la nueva directiva de mercado interior de la electricidad, y que hemos querido recoger cuanto antes a nivel normativo, incluyendo una definición del agregador independiente en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Esta figura va a jugar un papel clave en el empoderamiento de los ciudadanos, en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y en un mayor protagonismo de los recursos distribuidos, como las baterías, la generación distribuida, la respuesta de la demanda o los puntos de recarga del vehículo eléctrico.

 

Acelerar la implantación de la infraestructura de recarga es clave en el crecimiento de la movilidad sostenible, ¿tienen los instaladores un papel clave en ese proceso y cuáles son los pasos que cree que deben dar para ejercerlo?, ¿Formación?, ¿Convencimiento?, ¿Proyección comercial?

El papel de las empresas instaladoras es clave en el nuevo escenario energético, siendo uno de sus pilares fundamentales la movilidad sostenible. Las medidas aprobadas desde la Administración Pública se basan en un modelo energético basado en la generación eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, en el que el ciudadano tiene la posibilidad de gestionar su propia energía.

La concienciación ciudadana hacia un modelo energético sostenible no se limita solo hacia una transición energética a fuentes de generación renovable, implica también un nuevo paradigma hacia un modelo de generación eléctrica donde los hogares son un factor principal. El coche eléctrico sobrepasa ya el factor movilidad al permitir teóricamente almacenar energía eléctrica que puede ser usada en un hogar. Esta revolución necesita de una implantación masiva de puntos de recarga que no solo son en las calles o grandes infraestructuras urbanas, sino que también es, en aquellos casos en que sea posible, en la casa de cada uno de nosotros, y ahí de nuevo, las empresas instaladoras son las que más cerca del ciudadano están: para formar, fomentar, desarrollar y ofrecer seguridad industrial.

La acción comercial, bien entendida como el proceso de explicar al cliente las opciones disponibles y asesorarle sobre cuáles le convienen más, es también fundamental, especialmente en un mercado incipiente en el que todavía hay mucho rumor y mucho bulo pero relativamente poco conocimiento.