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MANUEL JUEZ, PRESIDENTE DE APILET

Manuel Juez es presidente de la Asociación de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de Burgos desde 2013 y renovó su cargo hace ahora un año sin necesidad de celebrar elecciones, puesto que no hubo ninguna candidatura opositora. En Apilet había participado ya en la junta directiva en la legislatura anterior y en el sector de las instalaciones eléctricas de media y baja tensión su experiencia se remonta a casi cuatro décadas de actividad profesional.

  

Una reciente encuesta sobre el colectivo de instaladores en Burgos realizada por Apilet refleja un balance económico positivo en 2017 para 7 de cada 10 empresas instaladoras, ¿cómo valora la asociación estos resultados y qué factores cree que han influido más en ellos?

La encuesta revela una clara sensación de incremento de la actividad económica y empresarial, si bien es cierto que se manifiesta a través de trimestres puntuales de bastante trabajo, combinados con semanas de escasa actividad; ésta es la sensación de nuestro colectivo. La valoración es positiva, pero a la vez prudente; la obra pública no acaba de despuntar y la competencia en precios sigue siendo muy intensa, por lo cual los márgenes en no pocas ocasiones son ridículos. Sí se resalta el repunte de la actividad industrial y se empezaron a distinguir en 2017 inversiones en instalaciones eléctricas industriales, que habían quedado paralizadas años atrás.

 

También se ha reducido notablemente la morosidad, con sólo un 4% de empresas con problemas graves en este sentido, ¿cuál es su opinión sobre la evolución de los impagos en el colectivo de empresas instaladoras?

Los impagos fuertes casi siempre estuvieron ligados a la construcción; esas promociones en términos generales se han reducido a la mínima expresión y ahora, el instalador es más prudente. Pedimos mayores garantías, pagos en plazos más cortos y el instalador no termina la obra si no tiene asegurado el cobro. Impera la ley de la supervivencia empresarial y ya no se juega con especulaciones de cobrar algún día.

 

Por último en relación con la encuesta y pese al buen balance del pasado año, sólo un 11% de las empresas consultadas prevé buenas perspectivas para 2018, ¿a qué cree que se debe esta moderación en el optimismo?

Ser optimista es un lujo en el día a día. Prefiero, obviamente, ser realista con la situación del mercado; se opta por la prudencia en las compras y muchos instaladores renuncian a aquellas obras en las que el beneficio va a ser sencillamente cero, porque sólo se asume “riesgo”. En estos últimos cinco años hemos visto algunos repuntes económicos, pero son localizados, puntuales y, en ningún caso, estables. Es lógico una más que respaldada interrogante frente al futuro inmediato.

 

«La obra pública no acaba de despuntar y la competencia en precios sigue siendo muy intensa, por lo cual los márgenes en no pocas ocasiones son ridículos»

MANUEL JUEZ, PRESIDENTE DE APILET

 

¿Cuáles son las principales cuestiones que preocupan en la actualidad al colectivo de empresas instaladoras en su provincia?, ¿cómo percibe el futuro en relación con las nuevas alternativas de negocio?

Las preocupaciones siguen siendo las mismas: que exista trabajo, que sea de calidad, que además de facturado, se transforme en ingresado; el intrusismo supone una competencia diaria que las administraciones no desean eliminar. La evolución y aplicación del nuevo reglamento de protección contra incendios concreta nuevas exigencias cuyo cumplimiento está aún por definir. Probablemente, el reto más grande sea encarar nuestra propia transformación en profesionales capaces de ofrecer un “servicio integrado”, no sólo realizar una instalación con más o menos cable.

En Burgos se percibe que por fin la sensibilidad ante el desarrollo del vehículo eléctrico, se está manifestando en peticiones concretas; administradores de fincas y comunidades de propietarios se empiezan a posicionar, a informarse, a invertir en puntos de recarga. El impulso industrial basado en soluciones 4.0 también lo vemos como una oportunidad de nueva actividad para inversiones industriales, con soluciones muy técnicas que requieren desde ya mayor formación y capacitación.

 

«Probablemente, el reto más grande sea encarar nuestra propia transformación en profesionales capaces de ofrecer un servicio integrado, no sólo realizar una instalación con más o menos cable»

 

El Autoconsumo y la Movilidad Eléctrica son dos de ellas, ¿cómo afrontan los instaladores burgaleses el futuro en estos ámbitos?

Debería desaparecer la figura del gestor de cargas cuanto antes; debería realizarse por parte de las administraciones una campaña de comunicación abierta y apostar claramente por el coche eléctrico, dando confianza al consumidor; mantenemos reuniones periódicas con la sección de movilidad del Ayuntamiento de Burgos, pidiendo por ejemplo aparcamiento gratuito para los VE, pero sin éxito. Respecto al autoconsumo, necesitamos un respaldo reglamentario más claro y eficiente; no se puede desarrollar un sector con cuatro instalaciones aisladas puntuales.

 

Existe una nueva formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales, ¿cómo afecta al colectivo de empresas de Apilet?

Nuestras empresas mantienen actualizadas sus responsabilidades en materia de formación, por lo que, en términos generales, sólo precisarán mayoritariamente del reciclaje de cuatro horas. En todo caso, se está asesorando a todas las empresas, tanto mediante circulares como informando empresa por empresa, revisando a los trabajadores, cuándo recibieron la última formación y en qué consistió. La Inspección de Trabajo de Burgos será flexible, “informando” cuando detecte retraso en la aplicación y los cursos están ya disponibles. Sin embargo, a día de hoy persiste un conflicto interpretativo sobre la posibilidad real de “bonificarse” esa formación con cargo a la partida de crédito a la formación de cada empresa; esto ha retrasado mucho el inicio de la formación.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos viene informando en repetidas ocasiones que el coste en el que incurran las empresas del Sector del Metal por la formación en prevención de riesgos laborales que impartan a sus trabajadores, en cumplimiento de la obligación establecida en el Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal, NO ES BONIFICABLE con cargo al crédito para la formación de sus trabajadores que cada una de ellas tenga reconocido (Fuente: Femebur).