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El Congreso de los Diputados respalda un régimen sancionador contra las empresas morosas

La propuesta que el Congreso de los Diputados ha respaldado este martes consiste en la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que sobrepasen los plazos legales establecidos para el pago de sus facturas, con multas que alcanzarían incluso el millón de euros. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra que haya habido consenso para poner en marcha este régimen sancionador, cuya aprobación dependerá ahora de las enmiendas que se realicen al acuerdo adoptado en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que nació para adoptar medidas de cara a la recuperación de la crisis provocada por el impacto de la pandemia.

En concreto, el cuadro de infracciones por morosidad que se propone incluye tres categorías diferentes: infracciones de carácter leve, cuya cuantía alcanzaría hasta los 3.000 euros; otras consideradas como graves, cuya multa va desde la cantidad anterior hasta los 100.000 euros; y, por último, las muy graves, que podrían llegar hasta el millón de euros. Además se prevén escenarios de reincidencia de infracciones muy graves, que incluirían la prohibición de contratar con entidades públicas, no poder beneficiarse de las subvenciones contempladas en la Ley 38/2003 General de Subvenciones o también la suspensión de préstamos del ICO u otros organismos a los que se tuviera derecho.

El régimen sancionador es una reivindicación histórica de la PMcM y su principal petición a dicha comisión, en la que precisamente intervino el presidente de la propia Plataforma, Antoni Cañete, como uno de los 20 representantes de la sociedad civil elegidos para formar parte del grupo de trabajo de Reactivación Económica. El propio Cañete ha agradecido a los diputados el esfuerzo realizado para poner en valor una herramienta imprescindible para pymes y autónomos, que reducirá la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.

El objetivo de la iniciativa reside en poder combatir los problemas acuciantes que implica el aumento generalizado de los plazos de pago de proveedores, que se han visto todavía más incrementados por los efectos de la crisis derivada de la inactividad. La propia PMcM sitúa el coste financiero de la morosidad en más de 850 millones de euros, si se tiene en cuenta el coste de oportunidad que supone no poder hacer un uso alternativo de la liquidez de la que no se dispone por el atraso en los pagos. Todo ello además de los costes añadidos que este acarrea. Lo previsto es que el nuevo régimen sancionador anule la posibilidad de acuerdo entre las partes o todas aquellas prácticas que quieren establecer un plazo de pago por encima de los límites legales, con aceptación de ambas partes.

Actualmente y también según la propia Plataforma, los plazos de pago de las compañías que cotizan en el Ibex ascienden a169, en concreto 109 días por encima del plazo legal establecido. Otras empresas de menor volumen tardan en pagar una media de 85 días, también 25 días más que el plazo fijado. En el caso de la Administración Pública y pese a que el plazo legal se reduce a 30 días, el periodo medio de pago no baja de los 82 días. La PMcM estima que si los pagos a proveedores retrasados se pusieran al día, se generarían 150.000 millones de euros de liquidez, inyectados al sistema directamente para alivio de pymes y autónomos. Esa cantidad deriva de los 122.000 millones que deben las empresas cotizadas, los 14.000 más pendientes de pago de las administraciones públicas y, finalmente, los 12.000 millones pendientes de las corporaciones municipales.