La PMcM anuncia la puesta en marcha de un plan para agilizar los pagos de las administraciones locales, que incluye sanciones

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad presentó la semana pasada en Madrid una nueva edición de su Informe sobre Morosidad, en este caso sobre el año 2025 y denunció un nuevo deterioro de los plazos de pago en España. Los datos del análisis señalan que el 85 % de las grandes empresas supera el plazo legal de pago y las Administraciones Públicas tardan ya una media de 70 días en abonar sus facturas, es decir, más del doble del límite legal establecido por la Ley 15/2010 y, por segundo año consecutivo, por encima del plazo medio de pago del sector privado.

Durante 2025, el plazo medio de pago tanto del sector público como del privado aumentó 3 días, hasta los 70 días de media por parte de las Administraciones y los 67 en el caso de las empresas, registros que sobrepasan los límites legales de 30 y 60 días respectivamente. El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, subrayó el deterioro de los pagos en el sector público que, en los tres últimos años, han ideo empeorando su plazo medio desde los 55 días en 2023, 67 días en 2024, y llegando a los 70 días de 2025. Por el contrario, en el sector privado, en esos mismos tres últimos ejercicios se ha pasado de 70 días, a 64 y 67 ya en 2025.

Para la PMcM, el empeoramiento de los datos del sector público resulta especialmente grave porque, además, su plazo legal máximo es la mitad que el del sector privado. Cañete adelantó que en España está próximo a ponerse en marcha un plan de pago para las administraciones locales que son, además las que tardan más en pagar dentro de la propia Administración, según el estudio. Hasta un 55 % de los consultados lo señalan, mientras que un 26 % se decantan por las administraciones autonómicas y un 19 % por la Administración Central. Cañete reivindicó que “el compromiso institucional con la lucha contra la morosidad debe comenzar por el propio cumplimiento de las normas por parte de las Administraciones”, porque “el sector público debería ser el primero en respetar los tiempos que exige a los demás, ejerciendo así un papel ejemplarizante frente al sector privado”.

Bruselas abrió a España un procedimiento formal de infracción en 2015 y, aunque ha mantenido una vigilancia constante, ha emitido advertencias y ultimátums, como el de 2021, y se han valorado potenciales multas millonarias, no se ha producido una sanción económica directa y definitiva por este motivo. La exigencia de cumplimiento se ha mantenido sobre la base de la Ley 3/2004 de Morosidad.

Las empresas más grandes, las que peor pagan

En el ámbito privado, el estudio vuelve a situar a las grandes empresas como el eslabón que peor comportamiento presenta en materia de pagos. En la rueda de prensa, la PMcM ofreció la grabación de un vídeo reciente en el que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advertía literalmente que, gracias a este retraso en los pagos “las pymes financian a las grandes empresas”.

El informe señala que el 85 % de los consultados afirman que las grandes compañías -las que facturan más de 50 millones de euros- rebasan el plazo legal, y un 38 % de ellos que lo hacen por encima de los 90 días. Sólo el 15 % afirma cobrar de las grandes empresas dentro del plazo, mientras hace un año ese porcentaje ascendía al 26 %. En contraste, únicamente el 13 % de los encuestados identifica a las micropymes y autónomos como los clientes que más tardan en pagar. Y otro dato significativo es que hasta un 60 % de los consultados afirman que cuenta con acuerdos para el pago que establecen plazos superiores al legal. Por su parte, en el caso de la subcontratación, el plazo medio de pago se eleva a 87 días, otra de las denuncias ya históricas de la PMcM, para cuyo presidente “la cadena de pagos en el sector público continúa asfixiando a pymes y autónomos”, y lamenta el déficit de control y la falta de supervisión de esa misma cadena.

Otro factor que no varía se centra en que la inmensa mayoría de los proveedores renuncia a reclamar los mecanismos de compensación previstos legalmente, el 89 % no exige intereses de demora y el 94 % no reclama la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, hechos que ponen de relieve la falta de eficacia de una normativa que no penaliza de forma efectiva su incumplimiento. Un 91 % de los encuestados considera necesario el ansiado régimen sancionador. A juicio de la PMcM, los resultados del informe reflejan que, sin sanciones, la reducción real de los plazos de pago seguirá siendo muy difícil.

En todo caso, el dato más optimista del informe tiene que ver con el porcentaje de impagos sobre el total de facturación, que se situó en 2025 en el 3,3 %, por debajo del 5,2 % registrado en 2024, un descenso paralelo al de la morosidad bancaria y que es consistente con el 80 % de encuestados que indican que su expectativa de plazo de cobro durante 2025 no va a variar.

La PMcM confía pese a todo en los avances en la tramitación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad (Reglamento COM(2023) 533), que actualmente sigue en fase de debate en el Consejo Europeo. Será de obligado cumplimiento y contempla sanciones para las empresas morosas que superen el plazo general de pago, aunque el informe señala que el 63 % de los consultados no lo conoce y un 43 % cree que no le afectará porque entiende que no se cumplirá el plazo de pago de 30 días que establece.