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La Unión Europea recomienda implantar un régimen sancionador contra la morosidad en España

Bruselas parece decidida a “echar una mano” a España en su pelea con los fondos extranjeros que le reclaman más de 10.000 millones de euros en demandas motivadas por los recortes a las energías renovables. La intención de la Comisión Europea es intervenir como tercero y a favor de España en el proceso que se sigue en los tribunales norteamericanos, que ahora mismo debaten sobre los más de 40 arbitrajes abiertos contra el estado español. Los fondos que los han puesto en marcha ejecutarán bienes españoles en Estados Unidos en el caso de recibir el reconocimiento judicial para ello. Por su parte, la Comisión ha elaborado un procedimiento en el que ofrece detalles sobre los pasos a seguir para tratar de presionar en sentido contrario. El objetivo consiste en dar fe de que el Tratado de la Carta de la Energía no es un procedimiento válido para arbitrar una inversión dentro de la Unión Europea, y para conseguirlo se basa en la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace en una sentencia previa, apoyándose en el derecho internacional público y el propio derecho de la Unión Europea.

Esta ayuda de la Comisión se produce en un momento de especial relevancia, puesto que el estado español ha sido derrotado en los últimos seis casos resueltos y en todos ellos se ha negado a aceptar este dictamen, puesto que considera que le exime la ley de inmunidad soberana extranjera. A raíz de esto último, los fondos extranjeros intentan que los tribunales de EEUU reconozcan su posición  y les habiliten a ejecutar bienes españoles en aquel país, por los que tienen identificados ya más de 3.000 millones de euros en activos financieros. Y todo ello mientras todavía quedan resolver casi 40 casos más, en los que se prevé resultados parecidos. Esta situación influye decisivamente en las posibilidades que el Gobierno tiene ahora mismo para obtener inversiones de cara a, por ejemplo, su proyecto de inversión para combatir el cambio climático en España durante la próxima década. Tanto el actual Gobierno como el anterior de Mariano Rajoy están intentando contrarrestar la presión de los inversores, pero hasta ahora no habían recibido de Bruselas más allá de buenas palabras. Europa había reconocido repetidamente la indebida aplicación de estos arbitrajes contra España, siguiendo la jurisprudencia dictada por el Caso Achmea, en el que su Tribunal de Justicia anuló un arbitraje entre una compañía holandesa y el estado de Eslovaquia, razonando que la ley de la Unión estaba por encima del tratado al que dicha disputa estaba sometida. Pero su posición se había basado en declaraciones, sin decidirse a intervenir. Hasta ahora.