SHARE

La Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, presentó la pasada semana en el Ministerio para la Transición Ecológica sus alegaciones a la “Propuesta de Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo”. La entidad considera que se trata de un “paso adelante”, pero ha identificado también lo que valora como “una serie de mejoras, entre ellas, las que se refieren a  su modalidad compartida y de proximidad, fundamentales para que el autoconsumo se desarrolle a gran escala y se convierta en una herramienta válida para la democratización de la energía, la protección de las personas vulnerables, la competitividad y la lucha frente al cambio climático”.

Sus alegaciones ahondan en la necesidad de evitar las barreras que supongan un freno al desarrollo del autoconsumo en nuestro país e inciden en cambios en el texto que propicien que su modalidad compartida y de proximidad se diseñe de forma realmente efectiva. Entre ellas, se alega que resulta fundamental simplificar la tramitación con la compañía distribuidora de electricidad en las instalaciones con excedentes.

La Alianza por el Autoconsumo ha identificado dos condiciones que considera excesivamente restrictivas y que impedirían una implantación amplia y socialmente justa del autoconsumo. Por un lado, limitar a un máximo de 500 metros la distancia entre las instalaciones de producción a los puntos de consumo asociados; y por otro, restringir el autoconsumo a instalaciones en la red de baja tensión, dejando fuera un número importante de edificios conectados a la red de media tensión. Estas dos restricciones, además de arbitrarias y de difícil comprobación práctica, impiden o restringen de hecho dos aplicaciones muy relevantes: 1) el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales e industriales, pues bien pudiera suceder que hubiera naves ubicadas a más de 500 metros de la nave donde se sitúa la instalación de producción; y 2) el autoconsumo en edificios públicos cercanos. Éste último es especialmente importante en la lucha contra la pobreza energética, pues permitiría que los ayuntamientos utilizaran las propias cubiertas municipales para compensar la energía consumida por las personas en situación de vulnerabilidad.

También reclama una definición de la “compensación simplificada” que garantice sin lugar a dudas que los particulares y pequeños negocios puedan compensar sus excedentes de energía en su factura de la luz sin que se considere una actividad económica sujeta a obligaciones fiscales.

Respecto a los criterios de reparto del autoconsumo compartido pide que “se modifique el texto para permitir una verdadera compartición de energía y no solo de instalaciones, como se propone”. E insiste en la necesidad de repartir la energía mediante coeficientes variables, hora a hora, para asegurar el objetivo de que se maximice el autoconsumo compartido, y evitar así una gran demanda en la red mientras haya pocos excedentes. Además, según la Alianza “surge la necesidad de regular la integración de los participantes de autoconsumo compartido en una comunidad energética, de forma que los agentes implicados en la gestión, especialmente la distribuidora, cuenten con una figura de referencia para la interlocución”. Por último también añade que “no queda suficientemente claro cómo será el proceso completo de tramitación de las instalaciones, que deberá estar perfectamente alineado con lo que se apruebe en el Real Decreto de Acceso y Conexión”. Según la Alianza, tras aprobar el Real Decreto, el Gobierno debería poner en marcha una campaña publicitaria para difundir los beneficios del autoconsumo como un elemento clave en la democratización y descentralización del modelo energético, así como en la lucha frente a la pobreza energética y el cambio climático.