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Bruselas expedienta a España por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios

España vuelve a ir a contracorriente en materia de ahorro energético. Mientras el consumo en los hogares de la Unión Europea ha menguado un 12% en nuestro país crece un 8%. Junto a Grecia, somos el único país de la Unión que va en contra de la tendencia general. Este es el motivo de que la Comisión Europea acabe de abrir a España un expediente por la no trasposición al ordenamiento interno la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, que es la que obliga a convertir los edificios en lugares con consumo de energía “casi nulo”.

La Directiva define a los edificios de consumo casi nulo como aquellos que gozan de un nivel de eficiencia muy elevado y en los que existe una demanda de energía muy escasa que “debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”. Y añade que todas las nuevas propiedades deberían contar con estos requisitos desde finales del año 2020 y dos años antes, en el caso de que la titularidad de su propiedad sea pública. También exige a los países miembros contar con planes nacionales para contribuir a que se incrementen este tipo de edificios y fijar objetivos intermedios de mejora.

Bruselas cuenta ya con grupos de trabajo para revisar la Directiva y ampliar las exigencias, por lo que España necesita recuperar tiempo para alcanzar a sus socios europeos, y no es fácil, teniendo en cuenta las cifras en las que se mueve la edificación española. Por ejemplo, en Madrid, 8 de cada 10 edificios tienen una calificación energética muy baja. Gran parte de esta situación está justificada porque el enorme crecimiento de la construcción tuvo lugar antes de que entrara en vigor la norma que trasponía ya con retraso la anterior Directiva, el Código Técnico de la Edificación, que está vigente desde 2007.

Otra novedad es que el Gobierno ha decidido dejar a un lado por el momento la trasposición interna de la Directiva, de tal manera que las grandes empresas no estarán obligadas a pasar una auditoría energética antes del 5 de diciembre, lo que sería una medida electoralmente muy difícil de asumir en estos momentos.