La electrificación del transporte pesado en España avanza muy por debajo de su potencial, lastrado por la falta de liderazgo político, gobernanza, planificación adecuada, incentivos a la demanda y coherencia regulatoria. Esta es la conclusión principal extraída de la Cuarta Jornada de la Plataforma Pirvep, un encuentro organizado la pasada semana en Barcelona y organizado por Aedive, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, en colaboración con el Instituto Catalán de la Energía.
El ecosistema empresarial del sector de la movilidad eléctrica participó en la jornada el pasado 14 de enero, que tenía como objetivo recoger las necesidades y propuestas del sector empresarial para desarrollar un documento que será remitido a la secretaría general de Industria, a cargo del impulso del Plan Auto 2030. Cerca de un centenar de profesionales, entre fabricantes de vehículos, OEMs, operadores de recarga, empresas energéticas y representantes institucionales, participaron para analizar los retos y oportunidades del vehículo eléctrico pesado en el marco del Reglamento europeo AFIR, y concluyeron que la falta de gobernanza y una fiscalidad contradictoria frenan la descarbonización de uno de los pilares del transporte en España. Lamentaron que no exista una autoridad claramente responsable dentro del Gobierno para liderar la electrificación del transporte pesado, lo que impide articular una estrategia público-privada coherente y activar incentivos eficaces para la adquisición de camiones y autobuses eléctricos.
Un problema especialmente relevante en un país donde el 95-96 % del transporte de mercancías, en términos de volumen, se realiza por carretera, y donde el sector está altamente atomizado, con un predominio de pymes y micropymes. Para el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, “no es un problema tecnológico, sino regulatorio, fiscal y de planificación”.
Ausencia de programas incentivos en contraste con otros países de nuestro entorno
Se señaló también como factor clave la debilidad de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos pesados, un hecho que contrasta con el despliegue de programas de incentivos ambiciosos y estables que existen en países de nuestro entorno como Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia o Bélgica. Esa ausencia supone una pérdida de atractivo para fabricantes, operadores y flotas. Además, se alertó también de la existencia de un cuello de botella en la red eléctrica, con una ocupación media del 88 % en la red de distribución y con los nudos de red completamente saturados en un tercio de las provincias, lo que frena nuevos proyectos de recarga de alta y muy alta potencia.
El marco regulatorio, “que desincentiva la inversión privada”, según los participantes en la jornada, las dificultades de los operadores de puntos de recarga para desplegar infraestructura para el transporte pesado o la fiscalidad contradictoria con la transición energética, son otros aspectos que preocupan al sector. Esa incongruencia tiene que ver con el hecho de que el gasóleo profesional mantiene ventajas fiscales, mientras que la electricidad soporta sobrecostes que penalizan la electrificación. En la jornada se señaló que “con una fiscalidad coherente, la electricidad podría llegar a ser hasta un 35 % más barata, favoreciendo la competitividad del transporte eléctrico pesado”.
