Un nuevo programa de ayudas a la movilidad eléctrica, centrado en la infraestructura de recarga pública en carreteras y dotado con 150 millones de euros, así como también el nuevo Marco de Acción Nacional, en trámite de audiencia pública, coinciden en el tiempo para impulsar la recarga eléctrica.
El nuevo plan de ayudas en una iniciativa enmarcada en el ecosistema MOVES y se encuentra en proceso de consulta pública, a través de la que se abre también la posibilidad de ampliar el alcance a puntos de recarga para vehículos pesados y profundizar en medidas de simplificación administrativa. Contará con el citado presupuesto de 150 millones de euros con el objetivo de promover la implantación de una infraestructura suficiente para los combustibles alternativos en vehículos de carretera, trenes, buques en puertos marítimas y aeronaves estacionadas en aeropuertos.
El nuevo programa tomará el relevo del programa MOVES Corredores de Recarga, que permitió el pasado mes de junio la financiación de 341 proyectos con 97 millones de euros. En total, se sumarán a la red 2.674 puntos de recarga, entre repotenciaciones de estaciones existentes y estaciones de nueva creación, con potencias disponibles mínimas de 300-400 kW por estación.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que la recarga eléctrica mantiene la tendencia ascendente registrada en los últimos años, y a mitad de 2026 España cuenta con algo más de 56.000 puntos operativos, para un parque que ronda los 950.000 vehículos electrificados. Durante el segundo trimestre de este año se han instalado 1.605 nuevos conectores, de los que 337 han sido cargadores de más de 250 kW, con lo que se llega ya a 2.806 puntos de alta potencia, claves para los desplazamientos interurbanos y para reducir los tiempos de parada en trayectos largos.
Medidas que se incluyen en el MAN
Por su parte, el Marco de Acción Nacional (MAN) está en audiencia pública y ha sido remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2023/1804 (AFIR). Se trata de un instrumento estratégico destinado a promover la implantación de una infraestructura de recarga suficiente para los combustibles alternativos y proporciona una planificación de las medidas adoptadas y previstas para garantizar un despliegue rápido, eficiente y equilibrado de dicha infraestructura.
En él se menciona la existencia actualmente de 42.318 puntos de recarga de acceso público, lo que supone una potencia nominal total instalada de 2.269.170 kW. El documento establece que la prioridad estructural debe centrarse ahora en aumentar la potencia disponible para los usuarios, garantizando la cobertura de alta capacidad a lo largo de las principales vías para acompañar el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, que fijó el objetivo en alcanzar los 5,5 millones de vehículos electrificados, de todas las categorías, en 2030.
Otras medidas regulatorias clave se centran, por ejemplo, en la obligatoriedad de instalar, para todas aquellas estaciones de servicio con ventas superiores a 10 millones de litros, recarga de al menos 400 kW, exigencia que se elevará a 600 kW a partir de 2027. También se establecen dotaciones mínimas en aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas, exigiendo un punto por cada 40 plazas, ratio que se intensifica a uno por cada 20 plazas en aquellos edificios dependientes de la Administración General del Estado.
Igualmente, los municipios de más de 50.000 habitantes deben fijar objetivos anuales de despliegue de recarga tanto dentro como fuera de sus perímetros. Además, se activa el mapa REVE estatal, que permite consultar en tiempo real la disponibilidad y precio de unos 44.700 puntos, y se despliega una señalización homogénea para indicar la distancia y ubicación de las estaciones de recarga.
