De cara a las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 23 de julio, 14 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, ambientales y ecologistas reclaman a los partidos políticos un compromiso firme a favor de la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte. Entre ellas están la Fundación Renovables o Nuevo Modelo Energético. Además, emplazan al nuevo gobierno que se constituya tras los comicios, que respete el compromiso adquirido con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de aprobar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
Todas las organizaciones firmantes se han dirigido por carta a los principales partidos políticos para hacerles efectiva la solicitud de inclusión en sus respectivos programas electorales de una serie de propuestas sobre movilidad sostenible y descarbonización del sector transporte, así como también el compromiso firme de aprobar en la primera mitad de la legislatura una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, que debe ser una prioridad para el próximo Gobierno.
Precisamente la disolución de las cámaras para la celebración de las elecciones anticipadas ha provocado que decaigan diversos proyectos relevantes, como es el caso del de Movilidad Sostenible. Y consideran fundamental esta ley por factores como la lucha contra el cambio climático, la protección de la salud y también por razones económicas. El sector del transporte es, actualmente, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto también, de la mala calidad del aire que respiramos.
Objetivos concretos de la ley pendiente
Además, las 14 organizaciones firmantes creen que esa futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público debe abarcar obligaciones como la consecución de la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes del 2050 con objetivos intermedios para 2030 y 2040. También objetivos concretos de mejora de calidad del aire; medidas específicas para garantizar la llegada a la movilidad sostenible al medio rural, así como fomentar la movilidad eléctrica en todo el territorio; la integración de la eficiencia energética como eje fundamental; o concretar mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, entre otras.
