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La CNMC aprueba la discriminación horaria en los peajes, aunque aún no entrará en vigor

Cuando se cumplen dos años desde que se pusiera en marcha, el Ministerio de Industria ha puesto punto y final a la reforma eléctrica, una de las más controvertidas de toda la legislatura que acaba en pocos meses. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ya tiene en su poder los borradores de los reales decretos de retribución de redes, y también las órdenes que fijan los valores para calcular los estándares de la distribución y del transporte.

En ellos consta una retribución para las compañías eléctricas de 4.740 millones de euros, alrededor de un 2% más de lo previsto para este año, en consonancia con las reivindicaciones que mantienen y según las cuales la media de retribución en Europa para este tipo de empresas está por encima de lo que reciben.

El Ministerio de Industria ha decidido modificar también la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte, de cara a beneficiar la posición del operador del mercado, Red Eléctrica de España, que obtendrá así una mayor flexibilidad en sus operaciones y menos limitaciones.

Récord de litigios

Por otra parte, y tal y como informaba ayer eldiario.es, la reforma ha provocado máximos históricos en los litigios abiertos en tribunales nacionales e internacionales contra el propio Ministerio de Industria, fundamentalmente los relacionados con energías renovables. En este sentido, España es ya, por detrás de Venezuela y Argentina, el tercer país en el ranking mundial de demandas antes el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Y aquí ocurre que, como suele ser habitual en términos jurídicos, la dilatación en el tiempo de los procesos hará que muchas de las sentencias se dictarán cuando el actual inquilino del gabinete ministerial José Manuel Soria, muy probablemente ya no esté en el puesto.

En el interior de nuestras fronteras son ya casi 400 los recursos presentados contra el decreto que modificó el sistema de primas a renovables, provocando con su retroactividad lo que la gran mayoría de expertos del sector han valorado como “inseguridad jurídica”. No obstante, ahora podrían verse claramente aumentados, tras la aprobación de la liquidación definitiva del ejercicio de 2011 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que permite el recurso por el recorte de las horas con derecho a cobrar prima.