Conecta con nosotros

Energía

La Audiencia Nacional contradice a Competencia y echa abajo la mayor multa a las eléctricas

Publicado

el

La sentencia de la Audiencia Nacional se ampara en una previa del Tribunal Supremo, que anulaba la inspección realizada en la sede de Unesa en noviembre de 2009, otorgando la razón a la patronal eléctrica. Según la sentencia, los correos electrónicos que sirven de prueba no pueden ser analizados en el recurso contencioso administrativo, de tal manera que “deviene en una absoluta falta de prueba que pueda imputarse a la recurrente respecto del contenido de las dos infracciones imputadas, las cuales se fundamentan, en las actuaciones desarrolladas a través de Unesa”. Por todo ello, la Audiencia Nacional da la razón a esta última, “sin necesidad de entrar en el examen de los demás motivos, toda vez que el expediente incoado contra la recurrente y las demás empresas imputadas se fundamenta en los acuerdos alcanzados en el ámbito de Unesa”. Aunque un juez validó la entrada en las oficinas de Unesa, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional estiman que se debería haber especificado qué es aquello que se buscaba y los datos acerca de los que se practicaba la inspección.

El organismo regulador había dictaminado en mayo de 2011 una sanción a las cinco mayores compañías del sector eléctrico, cuya cuantía alcanzaba los 60 millones de euros por fijar los precios de la luz a los grandes consumidores de electricidad y dificultar el cambio de suministrador. El expediente se había iniciado en junio de 2009, después de que la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) informará a la Comisión Nacional de la Competencia sobre determinadas prácticas relativas a la suspensión de la gestión telemática de solicitudes de baja de tensión y el corte de operaciones que estaban llevando a cabo Iberdrola Distribución Eléctrica y Endesa Distribución Eléctrica. A raíz de ello, la CNC efectuó la citada investigación en la citada sede de Unesa y amplió luego la investigación a la propia patronal, en relación con una estrategia para coordinar las voluntades de todas las compañías con el objetivo de poner trabas al cambio de suministrador. Las multas se distribuían del siguiente modo: 26,6 millones a Endesa; 21,6 millones a Iberdrola; 8,8 millones a Gas Natutal; 1,84 millones a Hidroeléctrica del Cantábrico; 1,4 millones a E.ON España y 900.000 euros a Unesa.