SHARE
El Gobierno obligará a las eléctricas a explicar cómo se debe abaratar la factura eléctrica

El Ministerio de Transición Ecológica ha previsto que sean las propias compañías eléctricas, es decir aquellas cuyo negocio consiste en comercializar la energía, quienes deban explicar a sus clientes cómo podrían abaratar la factura de la luz. Cuando vendan las energía según el régimen regulado deberán informar a cada consumidor cuánto habría pagado si la facturación se realizase con otra tarifa, especialmente con la de discriminación horaria. Es otra de las medidas anunciadas por la ministra, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados de la pasada semana.

Además de la supresión temporal del impuesto a la generación eléctrica y la ampliación del bono social eléctrico, el Ejecutivo tiene como objetivo hacer más sencillo “el acceso de los consumidores domésticos a la información sobre peajes de acceso con discriminación horaria y las tarifas que las acompañan”. Para ello obligará a las eléctricas “a que informen en los consumidores en su factura de cuál hubiera sido la facturación con otras tarifas que incluyan discriminación horaria”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el prototipo de hogar medio español, que suele tener contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) como tarifa, ahorraría alrededor de 70 euros anuales con una tarifa de discriminación horaria de dos períodos, teniendo en cuenta que la mitad de consumo la efectúa en las 14 horas valle. El ahorro se incrementa si se emplean los electrodomésticos en las horas más económicas. Sin embargo el porcentaje de clientes que cuentan con este último tipo de tarifas es inferior al 10%.

El Ministerio también quiere incidir sobre el factor de la potencia contratada porque, tal y como indicó la ministra, “algunos consumidores incurren en gastos innecesarios por exceso de potencia contratada, cuando en realidad el servicio no se ajusta a sus necesidades”, lo que implica que podrían reducir sus costes, disminuyendo a su vez el nivel de potencia contratada. Teresa Ribera también anunció que información que ahora sólo pueden conocer comercializadoras y distribuidoras, en adelante estará a disposición del consumidor, con el objetivo de que “se puedan ofertar servicios energéticos, gestión de demanda y agregación”.

La ministra también quiere potenciar apartados como el autoconsumo y la generación distribuida y también a las empresas de servicios energéticos, cuyos ingresos se producen en función del ahorro energético que permiten lograr a sus clientes. Por último, entre sus objetivos también está el de combatir “otras imperfecciones del sistema”, a través de iniciativas que limiten posibles prácticas abusivas de las compañías comercializadoras de electricidad.