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Todas las claves del nuevo sistema único de Formación Profesional, que conecta la formación con el empleo

El Consejo de Ministros debatió la semana pasada el anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional que quiere consolidar una oferta formativa única, acreditable y flexible dirigida, por primera vez, a estudiantes y trabajadores, tanto empleados como desempleados. Toda la Formación Profesional pasa a ser Dual: se incrementa el tiempo de permanencia en centros de trabajo y la implicación de las empresas en la formación y evaluación de alumnos y alumnas. Además, la innovación, la digitalización, la investigación aplicada y el emprendimiento pasan a ser elementos fundamentales del sistema.

 

Entre los objetivos prioritarios del Ministerio con este proyecto está transformar la Formación Profesional, lograr que sea de primer nivel, que dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida. El nuevo modelo apuesta por la participación, la corresponsabilidad pública y privada, la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, la conexión de la oferta con la realidad laboral, la innovación, la investigación aplicada o el emprendimiento.

También quiere dar respuesta al desequilibrio existente entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral. En 2021, en España solo 25 % de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35 % tiene cualificación baja. Aunque se prevé que dentro de sólo 4 años, la mitad de los trabajos requieran un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16 % un nivel bajo, según los datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

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17 horas de formación anuales por trabajador en la actualidad

En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador o trabajadora, ocupando así el puesto 61 entre 100 países, según el Foro Económico Mundial. En Alemania, que ocupa el puesto 10, se invierten 50 horas. Por otra parte, solo el 12 % de los jóvenes españoles están matriculados en Formación Profesional, frente al 25 % en la OCDE y el 29 % en la Unión Europea.

 

Ordenamiento más flexible

El anteproyecto de ley establece un nuevo ordenamiento más flexible, con una oferta única, modular y flexible de FP, dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores, (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes:

  • Grado A: Acreditación parcial de competencias
  • Grado B: Certificado de Competencia Profesional
  • Grado C: Certificado Profesional
  • Grado D: Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)
  • Grado E: Cursos de especialización (título de especialista y Máster Profesional)

Esta nueva estructura facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que incluye, por primera vez, unidades formativas o microformaciones (Grado A), hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (Grados D y E). El objetivo es que cada persona pueda diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales, sus circunstancias personales o sus necesidades laborales. Con este esquema toda la formación tiene validez académica y profesional.

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Toda la Formación Profesional será Dual

Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual y se dividirá en dos tipos:

  • Formación Profesional Dual general: con un periodo de estancia en empresa de entre el 25 % y el 35 % de la duración total de la formación, y el compromiso de la empresa de asumir hasta un 20 % de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.

En esta tipología, la fase dual se distribuirá a lo largo de todos los cursos y no tendrá carácter laboral.

  • Formación Profesional Dual avanzada: con una formación en empresa entre el 35 % y el 50 % de la duración total de la formación, así como la impartición por parte del centro de trabajo de hasta un 40 % de los módulos profesionales del currículo.

En esta modalidad se establece una relación contractual del estudiante con la entidad.

Se refuerza así la relación entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno. El contacto con la empresa se promoverá a partir del primer trimestre de formación y cada estudiante deberá disponer de un plan personalizado. El texto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa que llevarán a cabo, entre otras tareas, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en cada uno de sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro educativo.

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Acreditación de competencias

La norma también agiliza el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. Con el nuevo sistema se prevé acreditar las competencias profesionales de más de tres millones de trabajadores y trabajadoras en cuatro años, de las cuales 450.000 se inician este año.

El anteproyecto regula también la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias. Se recoge el reconocimiento mutuo para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas. Además, impulsa nuevos modelos de colaboración, desarrollo de proyectos compartidos y préstamo de espacios para generar transferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar recursos.

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Internacionalización de la formación

La futura Ley también atiende a una de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de internacionalización. El documento regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre centros de distintos países.

El texto ha iniciado su tramitación formal con las aportaciones de interlocutores sociales e informes de diferentes órganos consultivos para volver de nuevo al Consejo de Ministros. Tras su aprobación por el Gobierno, comenzará la tramitación parlamentaria en ambas cámaras en el último trimestre del año.