El sector renovable perderá más de 440 millones de euros por el recorte de la rentabilidad razonable, según Unef

La bajada de la rentabilidad razonable para los proyectos fotovoltaicos a un 5% y a un 4% supondría unas pérdidas de entre 440 y 617 millones de euros anuales en 2020, respectivamente, para el sector renovable. Esa es la conclusión del estudio elaborado por la Unión Española Fotovoltaica, que pide al ministro Nadal que reconsidere su decisión y que, en caso de no ser así, tal y como prescribe la Ley, pase por la vía parlamentaria para la revisión del valor de la tasa de rentabilidad razonable y se pueda discutir públicamente. El estudio valora entre un 17% y un 24% la bajada ponderada de retribución a la inversión para los proyectos de energías renovables a partir del próximo 1 de enero de 2020.

Este nuevo recorte tendría importantes repercusiones sobre los inversores, que se verían obligados a una nueva refinanciación de su deuda y, en muchos casos, estarían abocados a la pérdida completa del capital social, según Unef. La rentabilidad razonable es un parámetro fijado por el gobierno para cada periodo regulatorio, que asegura que los proyectos renovables recibirán unos ingresos determinados en forma de retribución específica, complementando lo que estos proyectos ingresan por mercado.

Según Jorge Barredo, presidente de Unef, “la bajada de la rentabilidad razonable supondrá importantes perjuicios económicos para los propietarios de instalaciones fotovoltaicas que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, haciéndose cargo de mayores costes financieros y, para muchos de ellos, podría suponer hasta la pérdida del capital social o el hecho de que todos los recursos que generen los proyectos se tengan que dedicar al pago de la deuda bancaria”. Barredo añade que “nuestro sector tenía la esperanza de haber entrado en una nueva etapa de estabilidad, por lo que solicitamos al Ministerio que lo reconsidere, ya que la concreción de este anuncio nos llevaría a un escenario de institucionalización de la inseguridad jurídica”.