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Antoni Cañete en el Plataforma contra la Morosidad

La PMcM se compromete a dar los nombres de las empresas morosas, después de haber agotado todas las propuestas y vías de diálogo posible

La Plataforma convoca un encuentro con los líderes políticos en el Congreso de los Diputados el próximo 14 de octubre

La Asamblea Abierta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, celebrada el pasado jueves 17 de septiembre en la sede de Conaif, en Madrid, decidió el paso a la acción, después de que “tras muchas reuniones con el Ministerio de Hacienda, sólo hayamos recibido muy buenas palabras, pero ni una buena acción”. La convocatoria de la reunión había adoptado un carácter fronterizo, una línea divisoria entre la etapa de “diálogo, propuestas y reuniones” y la de “movilizaciones ante el incumplimiento de los compromisos en morosidad por parte del Gobierno y los impagos de algunas grandes compañías”.

La Plataforma convoca un encuentro con los líderes políticos en el Congreso de los Diputados el próximo 14 de octubrePara ello, la reunión decidió una serie de acciones, entre las que destaca el encuentro previsto para el próximo 14 de octubre con los líderes políticos de los principales partidos del arco parlamentario, con la novedad de que esta vez será en su propio terreno, porque la PMcM ha reservado un espacio en el Congreso de los Diputados como escenario de su reivindicación. Allí, los representantes de la Plataforma solicitarán a los partidos presentes incluir en sus programas electorales medidas concretas de lucha contra la morosidad, “precisamente porque el Parlamento estará a punto de disolverse y los propios grupos estarán a punto de elaborar sus programas con los que ganarse la confianza de los ciudadanos, creemos que es el momento idóneo para hacerlo”, aseguró su presidente, Antoni Cañete, en la rueda de prensa posterior a la asamblea.

“tras muchas reuniones con el Ministerio de Hacienda, sólo hemos recibido muy buenas palabras, pero ni una buena acción”

Además, la Plataforma ha previsto elaborar un documento formal para informar de manera personalizada a cada empresa morosa del IBEX sobre sus pagos a proveedores que superan los plazos legales. Dichos informes “se trasladarán al Gobierno y si éste no acomete medidas reales inminentes que frenen los plazos abusivos de las grandes compañías, los documentos se remitirán a la Unión Europea para su conocimiento”.

Paralelamente, la PMcM se compromete, tal y como afirmó también Cañete, “a hacer públicos con nombres y apellidos cada una de las empresas morosas”, y añadió “no estamos en contra de las grandes empresas, en lo que estamos en desacuerdo es en cómo se llega a confundir el negocio con la arquitectura financiera. Muchas empresas del IBEX han maquillado sus resultados a través del retraso en los pagos”.

“precisamente porque el Parlamento estará a punto de disolverse y los propios grupos estarán a punto de elaborar sus programas con los que ganarse la confianza de los ciudadanos, creemos que es el momento idóneo para hacerlo”

La Plataforma considera que ha agotado todo el procedimiento de propuestas y que sólo le queda “pasar a la acción y ponerle nombre y apellido a los morosos”. Aunque antes valoran la posibilidad de darles la opción de subsanar las deudas contraídas en los casos en los que exista realmente voluntad de hacerlo. También contemplan restablecer el denominado Sello del Buen Pagador, que identificaría a aquellas empresas que cumplen con los plazos de pago, con un reconocimiento público y expreso por parte de la propia Plataforma, que todas ellas podrían exhibir delante de sus clientes y proveedores.

Las empresas cotizadas pagan en la actualidad a 193 días de media, cuando cobran a 86, con el consiguiente ahorro financiero. El volumen de morosidad que ese retraso genera asciende a los 66.680 millones de euros, con 1.392 millones de ahorro financiero cada año y 1.985 en intereses de demora.

Si nos limitamos a las empresas del IBEX 35, el plazo medio se eleva a 187 días, mientras su cobro lo realizan a 84 días. Supone 57.824 millones de euros y 1.194 millones de ahorro financiero anual, así como 1.640 millones en intereses de demora.

Tras el cambio en la Ley de Contratación Pública, la Plataforma también va a observar si las administraciones públicas continúan contratando a compañías que paguen con retraso, para conocer “la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra”.