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Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS

Según una información publicada por El Economista, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por morosidad a la constructora Cobra, integrada en el Grupo ACS, que dirige Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol.

 

Cobra habría aplicado cláusulas abusivas a empresas subcontratadas y, además, habría incurrido también en morosidad en los pagos a dichas compañías, subvirtiendo los plazos de pago estipulados en la ley, 60 días en el caso del ámbito privado y la mitad para las empresas públicas. La sentencia podría suponer un hito en la jurisprudencia relativa a la morosidad, que repercutiría en casos sucesivos de demora en los pagos, que principalmente afectan a pymes y autónomos en sus relaciones comerciales con proveedores de mucha mayor envergadura y que, muchas veces, les imponen estas cláusulas abusivas.

Lo que hace ahora la Audiencia es desestimar la apelación que la propia Cobra había interpuesto contra la sentencia que ya le condenaba y que refrendaba la denuncia de Anefhop, en nombre de varios de sus asociados, y que implicó la condena de Cobra por aplicar hasta cuatro cláusulas que se consideran abusivas. En concreto, el juez considera ilegales los términos que establece plazos que van desde los 90 a los 180 días, también que el plazo de pago empiece a correr desde la fecha de la factura, así como también que los plazos de vencimiento y pago se limiten a los días 10 y 25 de cada mes. Igualmente, aquella cláusula que establece que los vencimientos que tengan lugar en agosto pasan automáticamente al mes de septiembre. La sentencia añade que la empresa condenada deberá abstenerse de seguir empleándolas en sus contratos en lo sucesivo o, en caso contrario, estos podrían considerarse nulos.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, reivindica la eliminación del “acuerdo entre las partes” que se incluyó en la Ley contra la Morosidad 15/2010 como una clave de la condena ahora contra Cobra. De hecho, la propia sentencia cita literalmente que “se introducen plazos de pago ilegales que perjudican al adherente, por lo que existen indicios suficientes para presumir que la cláusula está predispuesta e impuesta por Cobra para aplicarla en una generalidad de contratos”, lo que subraya la importancia de la condena por cuanto la constructora no podrá volver a imponerla en lo sucesivo.

Cañete subraya también la importancia de conseguir la aprobación definitiva del régimen sancionador dentro de la ley de pago a proveedores que ahora está en pleno desarrollo en el Congreso de los Diputados. Actualmente, dicho régimen está en el periodo de enmiendas dentro de su trámite parlamentario y deberá ser votado después de que sean aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2021.