A 2 de cada 3 proveedores se les imponen plazos de pago ilegales

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presentó ayer en Madrid su Informe sobre la Morosidad en 2016, que reafirma una leve aunque insuficiente reducción de los plazos de pago, tanto en el sector privado como en el público que, por tercer año consecutivo presenta un mejor comportamiento, según afirmó el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. En concreto, la reducción  fue de un 5,3% en el ámbito público, que pasa de 75 a 71 días, mientras que en el privado alcanzó el 9,4%, pasando de 85 a 77 días. No obstante son cifras aún lejanas de los 30 y 60 días que marca la ley.

Para Cañete, “seguimos sin entender cómo es posible que después de siete años de la Ley 15/2010, que obligaba a la creación de un Observatorio de Morosidad en el sector privado, la PMcM tenga que seguir informando del comportamiento de los plazos de pago en este ámbito”. Más aún cuando, tal y como afirmó, apuntando otro de los datos que se desprenden del estudio, el año pasado el 68% de los proveedores llegó a acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley. Y a ello se le añade otro dato porque, en caso de sufrir impagos, el 91% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 96% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Según el presidente de la PMcM, esto podría deberse “sobre todo más al miedo de perder el cliente y el sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento”, porque el 71% de los encuestados asegura conocer la legislación existente.

La PMcM se halla a la espera de los acontecimientos ante lo que vaya a suceder el próximo 16 de febrero -cuando la Unión Europea dicta sentencia sobre la devolución de los intereses de demora-, y de este sábado 4 de febrero -que finaliza el plazo de enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público. Para la Plataforma,  “de aprobarse la Ley de Contratos del Sector Público tal y como está, se produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas”. La morosidad ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, según la PMcM, que asegura que el 93% de los encuestados manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador, “la clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y del país”.

De cara a la Ley de Contratos del Sector Público, la Plataforma reivindica 4 premisas irrenunciables: que el plazo máximo de aprobación de certificación sea de 30 días; la prohibición del pacto entre las partes; la obligación del licitador de comprobar los pagos al contratista; y abrir la opción a los pagos directos.

La Plataforma prepara ya la Cuarta Cumbre contra la Morosidad, que se celebrará en abril y que quiere “crear el marco adecuado” ante la  previsible “realidad en breve del régimen sancionador”. En todo caso, desde la Plataforma no quieren que la Ley a punto de aprobarse permita conculcar con apariencia de legalidad los derechos conseguidos con el citado régimen sancionador. “Todos los grupos políticos incluyeron la propuesta del régimen sancionador en sus últimos programas electorales y es por ello que esperamos contar en nuestra Cumbre con todos ellos y con la más alta representación por parte del Gobierno”, aseguró Cañete.