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La CNMC desmantela un cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial

La CNMC ha desmantelado y sancionado el cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Las sanciones al conjunto de las empresas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros.

Se trata de empresas muy especializadas que se repartían clientes y/o licitaciones, y fijaban precios mínimos para encarecer sus servicios a empresas del sector energético y petroquímico. La operativa de la trama fue cambiando a lo largo de 17 años, hasta que uno de los participantes denunció el cártel a través del Programa de Clemencia, en concreto fue la empresa Navec. Tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas reconoció su participación en el cártel y solicitó también clemencia, aportando elementos de prueba. La resolución se ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que las empresas del cártel, a excepción de las que se acogieron al Programa de Clemencia, queden sujetas a la prohibición de contratar con el sector público.

El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales. Por ello, las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican dichos servicios a empresas especializadas para el mantenimiento de instalaciones como depósitos, tanques en centrales de generación, aeropuertos, etc. La contratación se realiza a través de licitaciones privadas. Las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no cita a las empresas de montaje y mantenimiento en la comunicación remitida a los medios informativos al respecto, aunque sí detalla que desde el 18 de enero de 2001 hasta que se llevaron a cabo las inspecciones, en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.

Se han acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. Diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban “para empresas locales”, coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

La CNMC hace referencia también al “modus operandi” de la trama, que fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás empresas de montaje mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje. En una etapa posterior, las empresas se intercambiaban versiones de archivos “Excel”, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un “sí” o con un “no”, si las empresas participaban en una licitación concreta. Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o correos electrónicos.