La Fundación Renovables propone una nueva tarifa eléctrica que valore la energía como un bien de primera necesidad

La Fundación Renovables ha hecho pública sus propuestas a la consulta pública previa relativa a la modificación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor y en ellas propone una nueva tarifa eléctrica monómica, para que los costes fijos se transformen en variables, cobrando por la energía gestionada y no por la retribución a las inversiones realizadas hace años, y también progresiva, ajena a los costes políticos y en función de la energía consumida y no de la retribución a las inversiones. Según afirman sus conclusiones, “esto permitiría que el coste transferido al consumidor sea más transparente y reducido, habilitando una señal precio que refleje los costes reales. Además, posibilitaría evitar las distorsiones actuales que generan que el precio sea marginalmente decreciente con el consumo de electricidad, reducir la eficacia de la eficiencia y la opacidad por el establecimiento de retribución como costes fijos”.

En el documento analiza el problema actual de los precios desde la estructura de la tarifa, con el principal objetivo de que el precio de la electricidad responda al “pago por uso”, siendo transparente con los costes que la originan y estableciendo una pequeña partida fija menor a la actual. Según la Fundación Renovables, “históricamente se ha demostrado que la tarifa regulada ha sido más barata y estable que toda la oferta del mercado liberalizado, más allá de la campaña mediática actual en contra del PVPC. Conjuntamente, debemos replantearnos si el papel de las grandes eléctricas, propietarias de la red de distribución, es el adecuado como comercializadoras de referencia, por su posición de dominio e integración vertical en toda la cadena de valor”.

Tarifa progresiva y tramos de la misma

La tarifa debe ser progresiva “ya que el traslado de los costes necesita reflejar que consumir por encima de estándares preestablecidos tiene consecuencias económicas”. Para el segmento doméstico establece los siguientes tramos: “consumo mínimo vital”, con una potencia mínima de 2,3 kW, un consumo de los primeros 1.500 kWh gratuitos, estableciendo parámetros según la composición familiar y un IVA al 4 %, tramo que se convierte en gratuito al crear una nueva tarifa social para los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión.

Un “consumo normalizado”, con la señal precio a cobrar según el propio sistema con reglas de transparencia y, por último, un “consumo penalizado”, para valores por encima del nivel anterior, estableciéndose un coeficiente de mayoración, fijo o progresivo, del precio de la electricidad consumida en este tramo.

Además, aseguran que “es necesario avanzar en la implementación de un modelo de gestión y actuación horario de modo que el consumidor comience a identificar y actuar en función del precio de su consumo por horas”, y añaden que “esta señal debe ser paulatina y exigente para que las comercializadoras empiecen a incorporar las necesarias funcionalidades para la gestión horaria del consumo y de la oferta de energía. La apuesta por la digitalización, en plena expansión, debe ir adaptándose a un nuevo modelo de oferta y demanda entre los consumidores y los productores. Además, abogamos por el desarrollo de nuevos modelos de relación, bajo el amparo de las directivas europeas: comunidades energéticas, agregadores y gestores de demanda y plataformas online para intercambio de energía entre autoconsumidores y avanzar en la figura del consumidor único”.

Relevancia del “pago por uso”

Consideran imprescindible “el pago por uso” como “principal consideración para ejercer una limpieza de la tarifa eléctrica y de los costes regulados contenidas en ella”. En este sentido, el documento defiende que las partidas fijadas para la retribución de las inversiones de la distribución y el transporte de electricidad (38% de los costes regulados) deberían aplicarse en función del servicio prestado, abriendo la posibilidad a que estas actividades las asuman los contribuyentes y no los consumidores.

También, plantean la posibilidad de que la cuota fijada para amortizar el déficit de tarifa (un 15 % de los costes regulados) pueda extender su plazo de amortización hasta el límite de 2034 que la regulación permite o de que se incluya de forma parcial en el FNSSE (que ya contiene un 41 % de los costes regulados). Asimismo, la Fundación Renovables considera que los costes extra peninsulares (6 % de los costes regulados) deberían sacarse de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado y es innecesario mantener los cargos por interrumpibilidad.

También una rebaja de los impuestos, en concreto rebajar de forma permanente el IVA al 10 %, un tipo superreducido para el tramo de tarifa social y aplicar el impuesto de generación del 7 % a las energías que son contaminantes y concluyen finalmente que “la necesidad de electrificar la política energética de nuestro país es una tarea prácticamente imposible si el precio de la electricidad continua bajo los parámetros de fijación actuales, no siendo competitivo, por causas regulatorias, respecto a otras energías más contaminantes que debe sustituir”.