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Iberdrola, investigada penalmente por inflar el precio de la luz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido sendos informes a la Audiencia Nacional, en los que se prueba que el mercado preveía precios muy inferiores a los registrados en el año 2013. Por este ascenso inesperado se investiga a Iberdrola, cuyas prácticas están bajo la sospecha de haber manipulado presuntamente el mercado para lograrlo. Dichos informes, que fueron solicitados por el juez, refuerzan la acusación contra la eléctrica por un delito contra los consumidores por el supuesto cierre intencionado de sus embalses en el pasado otoño, que fue uno de los más lluviosos en lo que va de siglo, con el objetivo de lograr bloquear la producción de energía hidráulica, que es la más barata de todas las tecnologías, y de este modo favorecer el encarecimiento de las tarifas por la entrada en el pool de otras fuentes de energía más económicas.

En concreto, la investigación se centra en el precio registrado el 18 de diciembre de 2013, día previo a la subasta trimestral, cuando alcanzó los 91,89 euros por MWh, bastante más del doble del registrado apenas unos días antes. El Gobierno del PP suspendió la subasta e intervino el precio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluyó en 2015 que el recorte en la producción hidráulica había sido ocasionado por Iberdrola y había sido la causa de unas pérdidas para los usuarios superiores a los 100 millones de euros. Sobre esta cuestión hay una causa abierta en los juzgados de lo contencioso-administrativo, que sigue su curso y que podría llegar a determinar consecuencias penales para la eléctrica y varios de sus directivos. Entre la documentación recabada por la UCO se incluyen comunicaciones internas, correos electrónicos y archivos que podrían demostrar esa planificación para recortar la producción hidráulica. La investigación alude también a la ausencia de protocolos internos sobre los procesos y las decisiones en la formación de las tarifas, así como que muchas de estas decisiones se tomaban a través de órdenes puramente verbales.

Los informes de la UCO concluyen que no existieron razones objetivas para el incremento de la tarifa y, por lo tanto, debió existir una adulteración del sistema que acabó repercutiendo en la economía de los consumidores y también en la de la empresas comercializadoras, que habrían pactado con sus clientes precios inferiores, en virtud de las previsiones que tenían y que se basaban en las condiciones climatológicas y los antecedentes del mercado. El volumen total de las pérdidas de las segundas superaría los 31 millones de euros, con diferente impacto según la tipología de cada una. Sin embargo, la compañía eléctrica ha negado en todo momento las acusaciones y alega que la subida en el precio se debió a otras causas, en concreto a la alta demanda de energía, la baja producción eólica, la falta de disponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales. También afirma que Iberdrola Generación, lejos de salir beneficiada, fue perjudicada por dicho incremento porque tenía una posición compradora en ese momento.